La Asociación Justicia por la Sanidad, presidida por el Jesús Candel y que nació en febrero de este año en plena crisis por los dos hospitales para lo que llamaron una lucha contra la política sanitaria de la Junta, ha denunciado a toda la cúpula de Salud y del SAS por la gestión de los últimos diez años. Fue el 10 de octubre cuando presentaron la denuncia -que fue comunicada ayer a los medios- al Juzgado de Instrucción 4 de Granada. El motivo: prevaricación continuada y nombramiento ilegales desde el año 2004, así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación.

En la denuncia señalan como responsables de dichos actos a los consejeros María Jesús Montero (dirigió Salud de 2004 a 2013), María José Sánchez (2013-2015), Aquilino Alonso (2015-2017) y Marina Álvarez (2017 hasta la actualidad), así como a los antiguos directores gerentes del SAS Juan Carlos Castro, José Luis Gutiérrez y José Manuel Aranda; a Rafael Burgos, antiguo director general de Personal y Desarrollo Profesional del SAS y a Celia Gómez, actual directora general de Profesionales del SAS.

Según la asociación, son "autores, instigadores o encubridores" de hechos "de una gravedad extrema". El detonante de todo, según la denuncia, fue el decreto 75/2007, lo que consideran en la denuncia como "el comienzo de una serie de actuaciones encaminadas a manejar a su antojo o caprichosamente el sistema de nombramientos de directivos y cargos intermedios del SSPA que permitió a los denunciados implantar una nueva forma de organización de la gestión sanitaria al margen de la legalidad".

El primero de los delitos denunciados es el de prevaricación administrativa por cinco actuaciones: la selección y el nombramiento del personal directivo de las instituciones sanitarias públicas de Andalucía; la creación de facto y el mantenimiento al margen de la legalidad de las Unidades de Gestión Clínica en Atención Especializada; las convocatorias de puestos de dirección de las Unidades de Gestión Clínica de Atención Especializada (Hospitalarias, Intercentros, Interniveles, Provinciales, etc); las convocatorias de puestos de mandos intermedios de todo tipo por incluir en las bases de la convocatoria la posibilidad de que puedan optar a dichos puestos el personal que no es estatutario, funcionario ni laboral fijo del Servicio Nacional de Salud (admitiendo la presentación de personal interino y de funcionarios docentes), y las convocatorias de puestos de dirección de las unidades de gestión clínica de Atención Primaria y Salud Mental por incluir en las bases de la convocatoria la posibilidad de que puedan optar a dichos puestos los diplomados (actualmente grado) en Enfermería.

Según la denuncia, en el caso de los cuatro consejeros se les acusa de "delito de prevaricación continuada consistente en diseñar y aprobar, mediante el decreto 75/2007 (en el caso de Montero) y mantener (en el caso de todos) durante más de diez años un sistema de provisión de puestos directivos en el Servicio Andaluz de Salud, el Registro de personas candidatas consideradas idóneas para desempeñar los puestos directivos de los centros sanitarios del SAS, que ha impedido de facto el acceso a dichos puestos a toda persona ajena a su círculo de confianza, y lo han mantenido, presuntamente, a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad". Para eso habría intervenido también el resto de denunciados, algo que considera la asociación "un ejemplo paradigmático de cómo la posición de superioridad que proporciona el ejercicio del poder público se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad, en un injustificado ejercicio de abuso de poder", recoge el texto.

Capítulo propio tiene la creación de las Unidades de Gestión Clínicas, las que fueron el antecedente de la fusión sanitaria. En este caso, les acusan de "diseñar, implementar y mantener las UGC a sabiendas de que se estaba vulnerando la legalidad vigente y de forma arbitraria", según argumentan pese a los pronunciamientos en contra de dicho sistema de los jueces y magistrado de lo Contencioso.

El nombramiento de los directores de dichas unidades también es denunciado por Justicia por la Sanidad como prevaricación continuada por la "convocatoria de cientos de puestos de inexistentes direcciones "en ausencia de regulación legal" durante estos diez últimos años. También la selección de "cientos de puestos de mandos intermedios en las que se permitió en los primeros años (después del decreto 75/2007) la participación de cualquier tipo de personal (incluso proveniente de la actividad privada o sin ningún tipo de experiencia laboral previa) y después de la prohibición expresa del TS en 2012 se sigue permitiendo la participación de personal externos al SNS".

En cuanto a nombramientos ilegales, lleva a los tribunales la designación "de cientos de personas en las que no concurrían los requisitos legalmente exigidos".

Justicia por la Sanidad anuncia que en las próximas semanas ampliará "la denuncia penal a la parte de la gestión indirecta que se realiza a través de las empresas y fundaciones sanitarias públicas".

La denuncia ha sido remitida a los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, del Parlamento Andaluz, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de los sindicatos, colegios profesionales andaluces de Medicina, Enfermería y Farmacia, al Defensor del Pueblo de Andalucía, a las Asociaciones de Prensa y al Colegio profesional de periodistas de Andalucía.