El jurista Carlos Castresana, que ejerció muchos años como fiscal anticorrupción español y que representa a Vamos Granada en sus causas judiciales, ha enviado a la Audiencia Provincial de Granada un misil contra algunos de los principales cargos judiciales de esta provincia. A través de un escrito para pedir la nulidad de las últimas actuaciones del caso Agreda, el letrado denuncia una serie de conexiones entre el mundo judicial y político que podrían derivar en "trato de favor" a personas del Partido Popular investigadas.

Las supuestas "vinculaciones personales, familiares y/o de negocio" que acaba de revelar este letrado en su escrito dirigido a la Audiencia Provincial, afectan a uno de los presidentes de sala de este órgano, a la Fiscalía Superior de Andalucía, al juez instructor del caso Agreda, a renombrados letrados de esta ciudad y a políticos del Partido Popular.

El letrado pide la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo en el caso AgredaCastresana representa a Vamos Granada en otros casos como el Nazarí, Emucesa o TG7Arremete contra magistrados, abogados y la hoy fiscal superior de Andalucía

Castresana es el abogado de la concejal Marta Gutiérrez, de Vamos Granada, que está personada como acusación popular en el caso judicial de la venta de la casa Agreda. Los principales investigados en este asunto son el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto por haber facilitado y aprobado una posible venta ventajosa del inmueble histórico municipal en el Albaicín a una asociación de origen marroquí y sede en Francia.

El caso fue archivado por el juez instructor José Luis Ruiz Martínez en muy pocos meses (en 2016) con el visto bueno de la fiscal del caso, pero la Sección Primera de la Audiencia Provincial ordenó el año pasado que se reabriera la investigación, al considerar que no habían quedado despejados numerosos indicios de delito. Una de las partes acusadoras pidió que se cambiara al instructor del caso y recusó al magistrado por presunta "parcialidad" en el desarrollo inicial de la causa. Pero esta vez la Audiencia (aunque ahora es la Sección Segunda, un cambio que subraya Castresana) sí confirmó al instructor en su función, de modo que en los últimos meses éste ha reiniciado las diligencias, con la toma de varias declaraciones y el encargo de informes periciales.

Las acusaciones se quejaron inmediatamente de que no habían sido informados ni notificados de esa decisión de la Audiencia, además de otras supuestas irregularidades en la tramitación de ese expediente, lo que les habría provocado "indefensión". Han pasado varios meses hasta que el Juzgado les ha hecho llegar esa resolución que confirmaba al juez instructor y la primera reacción formal de la acusación popular es un escrito del letrado Carlos Castresana dirigido a la Audiencia Provincial, en el que pone de relieve una serie de conexiones o posibles tratos de favor que, a su juicio, podrían explicar lo sucedido en el caso Agreda hasta ahora.

En primer lugar, este fiscal en excedencia pone el acento sobre José Requena, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, que resolvió el incidente de la recusación a favor del juez de instrucción. Destaca los vínculos familiares de este magistrado con el despacho de abogados que lleva la defensa de los principales investigados del caso Agreda, José Torres Hurtado e Isabel Nieto. En su escrito, el letrado explica que al no haber recibido notificación sobre la designación de la sección que se iba a encargar de resolver el incidente del juez, se les ha privado del derecho de haber recusado también "a los magistrados de la Sala y de pedir la abstención de los fiscales que pueden tener interés directo en la causa o relaciones familiares o en los que concurran otras circunstancias que los hagan inidóneos para intervenir en el incidente o resolverlo por falta de imparcialidad".

También focaliza sus acusaciones en la actual fiscal superior de Andalucía, que antes fue fiscal jefe provincial, Ana Tárrago. Castresana expone que el fiscal que había dirigido las diligencias de investigación de este caso (previo a la formalización de la denuncia judicial) fue "removido" por su superior para "atribuirle" el asunto a la fiscal que poco después estuvo de acuerdo en el archivo de la causa.

En la petición de recusación que fue rechazada por la Audiencia, se acusaba al juez de falta de imparcialidad subjetiva y objetiva, por el "trato de favor" y las manifestaciones de "clara amistad" dispensadas a los investigados. Para esclarecer esto, se propuso a la Audiencia que declararan como testigos algunos letrados y fiscales, entre los que estarían la propia fiscal superior y el representante del Ministerio Público que supuestamente habría sido apartado el caso.

Al quedar cerrado este incidente sin practicar las declaraciones mencionadas, dice ahora Castresana en su escrito, que "no se ha podido esclarecer si el trato de favor dispensado por el magistrado recusado a los investigados en sus declaraciones ante el Juzgado y la actuación de la fiscal jefe, removiendo al fiscal encargado del caso y posponiendo la presentación de la denuncia, vienen causadas o no por las vinculaciones personales, familiares y/o sus familiares inmediatos con personas que ocupan o han ocupado altos cargos públicos y de responsabilidad política en el Partido Popular en Granada (capital y provincia) y en Melilla, partido al que pertenecen dichos investigados".

Esa alusión al momento elegido por la Fiscalía para presentar la denuncia del caso Agreda queda más clara en otro párrafo del escrito de Castresana, en el que directamente acusa al Ministerio Público de "demorar" la entrada del asunto en los Juzgados hasta el 2 de agosto de 2016, fecha vacacional en la que el juez Ruiz Martínez se encontraba de guardia, por sustitución, al frente del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que actualmente lleva dos de las causas judiciales más importantes contra los mismos investigados, los casos Nazarí y Serrallo. Agrega también el escrito que el juez en cuestión también estaría ese día en funciones como decano (que se encarga del reparto de asuntos) y "repartió la denuncia el mismo día, que correspondió precisamente a su juzgado, el de Instrucción 9".

Carlos Castresana, que ejerce ahora la abogacía en un despacho de Madrid, y que representa a Vamos Granada en varias causas de supuesta corrupción municipal del anterior gobierno del PP (Nazarí, TG7, Emucesa y casa Agreda), ha pedido a la Audiencia Provincial (a la misma Sección Segunda) que estime el incidente extraordinario de nulidad de las actuaciones de la causa a través de un duro escrito en el que revela supuestas conexiones judiciales y políticas de enorme relevancia.