Granada

Clamor político y social en apoyo a la granadina

  • Frustración institucional y ciudadana ante una decisión legal pero injusta

  • El caso alcanza repercusión nacional

Clamor político y social en apoyo a la granadina

Clamor político y social en apoyo a la granadina

La repercusión del caso de Juana Rivas y su lucha por evitar la entrega de sus hijos de 11 y 3 años a su padre en Italia, acusado por lesiones en el ámbito familiar en el año 2009, ha alcanzado una gran repercusión nacional con reacciones de apoyo a la granadina.

Ayer, además de las reacciones de ciudadanos de a pie y de toda una oleada de comentarios en redes sociales, así como la expectación mediática, hubo reacciones políticas a alto nivel. La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ofreció mediante su cuenta personal de Twitter todo su "apoyo a Juana Rivas para proteger a sus hijos", a la vez que denunció que "los niños también son víctimas de la violencia machista". Unas palabras que no quedaron sin réplica por parte del padre de los niños.

El abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Rivas, consideró "totalmente desafortunado" y fruto de "un importante desconocimiento del caso" el posicionamiento que la presidenta de la Junta de Andalucía realizó mediante la citada red social.

También a nivel autonómico, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, calificó ayer como "terriblemente injusto" que Juana Rivas tenga por orden judicial que entregar a sus dos hijos al padre para que regresen a Italia, donde tienen fijada su residencia habitual.

La consejera anunció que tanto el Instituto Andaluz de la Mujer como la propia Delegación de su departamento están en permanente colaboración para que "se sepa cuál es la situación de los niños y de la familia". Además de garantizar que la Junta "siempre ha estado al lado de la madre", añadió que entienden que "aunque la Justicia haya hecho uso de lo que está establecido legalmente, es una situación terriblemente injusta".

Sánchez no dudó en denunciar también "la injusticia" de la situación en su cuenta de Twitter, como lo hiciera la presidenta de la Junta horas después, explicando que en su propia opinión la actuación "será legal, pero no resulta justa".

Por su parte, la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, pidió ayer a la jueza del caso "que no ejecute la sentencia atendiendo a la recomendación del Pacto contra la Violencia de género firmado por la totalidad de los grupos parlamentarios" esta misma semana.

Por su parte, el Defensor del Pueblo y Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, señaló que seguirá "trabajando" en la queja presentada ante la institución por el caso de Juana Rivas y que hará "todo lo posible" para que estos niños "estén en un clima de no violencia". Todo antes de conocer que la madre finalmente no entregó a sus hijos a la hora acordada. Maeztu quiso puntualizar que no podía "invadir la competencia de los tribunales" en el asunto y que lo que "más preocupa es la situación de los niños", por lo que anunció que va a trabajar en la queja. "Voy a hacer valer en mi campo de competencia que se pueda dictar justicia". El Defensor cree que "la batalla no quiere decir que esté perdida" ya que seguirán "colaborando y ayudando en pro de los niños".

A nivel local, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, expresó su dolor sobre el caso ya que considera "difícil entender algunas resoluciones judiciales que obligan a Juana Rivas a entregar sus hijos a su expareja, maltratador y condenado". También alegó que "el Pacto de Estado contra la violencia de género debe evitar que se repitan casos como el de Juana Rivas".

Granada, Andalucía, y toda España, está siguiendo muy de cerca un caso complicado. La respuesta política, hasta el momento, está del lado de Juana Rivas aunque no pone en duda el papel de la Justicia.

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