Opinar y enjuiciar sin conocer a fondo y con detalle los casos de los que se habla es una cuestión que, desde mi punto de vista, nadie debería hacer. Menos aún cuando se ostenta un cargo en un partido con representación parlamentaria como es el caso de Alberto Matarán, secretario general de Podemos Granada, que en este mismo periódico publicó recientemente un artículo sobre un desalojo por ocupación ilegal que se va a producir en la zona Norte de Granada en pocos días.

El dirigente de Podemos Granada ha demostrado una clara ignorancia sobre el asunto, ya que en su artículo pone de relieve que no se ha preocupado por conocer todo el proceso de trabajo que se ha desarrollado con la persona objeto del citado desalojo, ni de los contactos que ha mantenido con otras instituciones y las propuestas planteadas para resolver su situación. Y si esta ignorancia es el resultado de una omisión interesada del proceso, la crítica infundada realizada por el secretario general de Podemos Granada resultaría más grave todavía, ya que estaríamos ante un caso de flagrante manipulación y demagogia aprovechando el drama de una mujer maltratada con el único objetivo de descalificar sin argumentos a los responsables públicos honestos que trabajamos para buscar soluciones reales y viables a los problemas de la ciudadanía.

La Junta mantiene un diálogo permanente con la capital para ayudar a las familias

Tanto es así que el grupo parlamentario del partido al que él pertenece, Podemos Andalucía, rehusó defender este caso en la Cámara Andaluza. Los motivos tendría que saberlo Alberto Matarán si hubiera hecho bien sus deberes en lugar de acusar mediante dianas mediáticas infundadas a otros responsables públicos. Retorcer la realidad para forzar este descrédito es propio de formaciones que no tienen responsabilidad de gobierno ni parecen aspirar a ello, ya que solo conducen a erosionar y destruir a las instituciones y a las leyes emanadas democráticamente de ellas y que todos hemos de cumplir para garantizar una adecuada convivencia.

Desde la Consejería de Fomento y Vivienda estamos realizando un arduo trabajo para conseguir la regularización del parque público de vivienda, labor muy aplaudida por los vecinos y vecinas de la zona Norte que desean vivir y convivir en este barrio con tranquilidad y sin problemas. La tarea de control y verificación del parque público de esta zona ha conseguido regularizar un gran número de viviendas y además también recuperar la titularidad de otras tantas que habían sido ocupadas de forma irregular o que se utilizaban para otros usos diferentes a los residenciales. Este trabajo ha permitido que ahora estas viviendas puedan ser habitadas por familias en riesgo de exclusión que se encontraban inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida, cumpliendo así la legalidad y todos los requisitos necesarios. El objetivo de la Junta es hacer cumplir la legalidad vigente en su parque público porque es la mejor manera de garantizar un acceso justo a una vivienda a los que realmente más lo necesitan, no a los que la ocupan ilegalmente o por la fuerza.

El caso que nos ocupa y que ha expuesto de forma aviesa el responsable de Podemos en Granada corresponde a una denuncia de un particular, que era el adjudicatario de una vivienda pública, contra una mujer que la ocupaba ilegalmente y su desalojo responde al cumplimiento de una sentencia judicial que ya ha dictado un juez. Por tanto, la Junta no desaloja a esta mujer como de forma mezquina nos atribuye el dirigente de Podemos Granada, al contrario, hemos trabajado denodamente para encontrarle una solución inmediata. Así, conseguimos gracias a la estrecha colaboración que existe entre la Oficina Social de Vivienda del Ayuntamiento de Granada y la Oficina de la zona Norte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, un aplazamiento en el lanzamiento que ha durado 4 meses. En este tiempo, se ha trabajado continuamente desde la intervención social para dar una salida habitacional digna a la mujer afectada con su hija, al igual que hemos hecho anteriormente con otras personas en condiciones similares.

La atención ha sido constante, se han mantenido varias reuniones en las que he participado junto a la concejal de Derechos Sociales, técnicos de ambas instituciones, representantes de Stop Desahucios y la afectada, encuentros en los que se han puesto sobre la mesa todas las posibilidades de las que actualmente se dispone y se ha actuado con claridad y coherencia en todo el proceso. En concreto, se le han planteado hasta tres alternativas de alojamiento que han sido rechazadas por esta mujer.

Por tanto, no creo que sea lógico utilizar de modo partidista e interesado la difícil situación de esta mujer, en cuya solución y desde la legalidad estamos poniendo todo nuestro empeño. Es intolerable aprovechar este caso para lanzar mensajes demagógicos y alejados de la realidad sin ofrecer ninguna salida real, salvo la incitación al incumplimiento de la ley, cuestión que únicamente puede perjudicar aún más, si cabe, a personas que ya sufren una situación adversa.

Por ello, hay que apelar a la sensatez y a la responsabilidad para no utilizar, como hace Podemos Granada, el drama de estas personas con el único objetivo de obtener rédito político. No todo vale en política y la legalidad hay que respetarla y cumplirla y, si no se está de acuerdo con ella, trabajar para cambiarla desde las instituciones democráticas y con el apoyo de las mayorías, no desde la descalificación y difamación pública. La crítica demagógica y la apelación a incumplir las leyes no conducen más que a la anarquía, el caos y la frustración.

Desde la administración autonómica trabajamos desde hace tiempo por defender al eslabón más débil de la sociedad andaluza, y este eslabón está formado por las familias que tienen derecho a una vivienda y que disponen de escasos recursos y están en exclusión social y, además, siguen todos los cauces legales y cumplen los requisitos establecidos para obtenerla. Solo así podemos desarrollar una política de vivienda justa, que cumpla realmente sus fines sociales y que cuente además con todas las garantías legales.