La creciente sensibilidad de los vecinos de la capital respecto al ruido llevó al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento a abrir el año pasado 148 expedientes en domicilios por denuncias de ruido. Fiestas privadas, música e instrumentos musicales que superan los decibelios tolerables, coches discoteca que impiden conciliar el sueño o alarmas de coches y establecimientos son los principales focos de molestia que llevan a los vecinos a denunciar esta situación.

Junto a éstos, el servicio de gestión ambiental del área de Medio Ambiente inició en el año 2007 53 expedientes por ruido de motos y 128 como consecuencia de ruidos generados por establecimientos recreativos.

En total 329 denuncias que supusieron al área de Medio Ambiente una recaudación superior a los 300.000 euros en concepto de sanciones por actividades y 3.000 por multas impuestas a las motocicletas. La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, María Dolores de la Torre, insistió ayer en el aumento de las denuncias domésticas "debido a la efectividad que los ciudadanos perciben en la resolución de estos procedimientos".

Las mejoras en la calidad de los aislamientos de los locales y de los mecanismos de control por parte de la Administración ha sido otro de los factores clave que explican el aumento de las denuncias por actividades domésticas y la reducción de las denuncias por actividades recreativas.

Aun así, durante el año 2007 se clausuraron 125 establecimientos por superar los niveles de ruido establecidos. Para corroborar este incumplimiento, miembros de la Policía Local se desplazan cada vez que hay una denuncia de este tipo hasta el local y comprueban que el establecimiento dispone de limitador de música y que desde las viviendas aledañas no se superan los decibelios de ruido permitidos.

En lo que va de año, el área ya ha abierto más de cien expedientes por ruidos motivados por denuncias de particulares y de la Policía Local.

En cuanto al importe de las sanciones graves que establece la ordenanza municipal, pueden oscilar entre los 6.000 y los 60.000 euros, si bien la concejal se mostró ayer extrañada de que la reciente Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) reduzca esas mismas sanciones a una horquilla que oscila entre los 601 y 12.000 euros. "Es un contrasentido cuando se está tomando conciencia de que el ruido es un problema en la sociedad de hoy", manifestó la concejal. Sólo las sanciones muy graves que suponen un serio peligro para la salud están penadas con hasta 300.000 euros.