El Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Granada tiene claro que la mejora del servicio pasa por extender al resto de la provincia el sistema tarifario empleado en los municipios del Cinturón. El Plan de Infraestructuras y Sostenibilidad del Transporte de Andalucía (2007-2013), elaborado por la Junta de Andalucía, concede ya las competencias del servicio de transporte público por carretera a los Consorcios provinciales.

El de Granada ya está trabajando en los sistemas tarifarios por zonas que se podrían aplicar a partir del próximo año en toda la provincia aunque antes hay que estudiar con detenimiento la rentabilidad de las distintas líneas. "Se trata de que todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan tengan igual tratamiento y los mismos derechos desde el punto de vista de la movilidad", explicó ayer el gerente del Consorcio de Transportes del Área de Granada, Pedro Julián Lara.

Al igual que los usuarios del transporte urbano del Cinturón metropolitano, los vecinos del resto de la provincia dispondrán de la misma tarjeta de transporte que, a su vez, se puede utilizar en los entornos metropolitanos de otras ciudades andaluzas y en los servicios de cercanías de Renfe de Málaga, Sevilla y Bahía de Cádiz. Incluso podrá utilizarse el día de mañana para subirse al Metro de las distintas capitales andaluzas; un sistema integrado de transporte del que, hasta el momento, sólo se conocen ventajas.

En Granada, por ejemplo, uno de cada ocho habitantes de los 44 municipios acogidos al sistema tarifario unificado dispone ya de una tarjeta de transporte que a diario se utiliza en más de 25.000 ocasiones, cinco mil de ellos en transbordos en la capital con los autobuses de la Rober.

Según informó Pedro Julián Lara, las nuevas zonas tarifarias abarcarán toda la provincia aunque se encuentra todavía en estudio el modelo a seguir dada la complejidad de las comarcas y la dispersión de los municipios. El mayor problema al que se enfrenta el Consorcio es resolver cómo establecer precios comunes y mejorar las líneas de aquellos núcleos de población dispersos cuyo servicio resulta deficitario.

Precisamente, el Plan de Infraestructuras y Sostenibilidad del Transporte de Andalucía considera el transporte público por carretera una pieza decisiva en la política de mejora de la accesibilidad al territorio.

Dicho plan incluye medidas de ampliación y modernización de la red de servicios de autobús aprovechando que se han mejorado las carreteras.

El objetivo que se persigue es mejorar la calidad del servicio y sobre todo la frecuencia de autobuses. De hecho, el mencionado plan obliga a renovar la flota de autobuses interurbanos e implantar con carácter general una edad máxima de diez años para cada vehículo.

Las distintas compañías operadoras que gestionan las líneas de autobús en los pueblos del interior de la provincia no han puesto, según Pedro Julián Lara, objeción alguna al futuro sistema tarifario ya que podrán incluso optar a ayudas que concede la Junta de Andalucía para renovar la flota de vehículos.