Cristina Almagro, la concejal electa del PP que será responsable a partir del próximo sábado del Área de Juventud, irrumpió ayer en la segunda planta de los juzgados de la Caleta justo cuando tenía que entrar a la sala para sentarse en el banquillo. No se dejó ver antes y, cauta y prudente, tampoco quiso hacer declaraciones a los numerosos periodistas que aguardaban en la puerta de la sala de vistas el comienzo del juicio contra ella y un ex secretario de la asociación de vecinos del Albaicín. 

Ya ante la jueza de Penal 2, Almagro tuvo que dar explicaciones por algunos datos supuestamente falsos recogidos en tres certificados que se presentaron en la Junta de Andalucía para inscribir la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos del Albaicín elegida en 2006 y que ella encabezaba. Tanto Almagro, como su compañero de banquillo, Antonio F.L., negaron haber tenido intención alguna de falsificar contenido en aquellos documentos, y afirmaron que simplemente se cometió en el primero de ellos un "error de fechas" que nadie advirtió y que se fue arrastrando hasta el último documento.

"Aparte de ayudar al barrio, no he obtenido ningún beneficio", manifestó con vehemencia la futura concejal de Juventud del Ayuntamiento granadino durante su interrogatorio, en el que defendió a capa y espada su inocencia. 

Almagro, que fue presidenta de la asociación albaicinera unos dos años, dejó claro que no tuvo "ninguna" intención de alterar la realidad en aquellos formularios cuando se introdujo, de forma errónea, el 29 de diciembre de 2005 como la fecha de la asamblea en la que fue elegida presidenta tras la unificación de las asociaciones del Albaicín y San Pedro. Su elección, como precisó, no se llevó a cabo ciertamente en esa fecha, sino "el 31 de mayo de 2006".

En la referida asamblea de diciembre, como reconoció, ni siquiera estuvo, aunque ya en aquellas fechas colaboraba activamente con la asociación en la organización de sus fiestas y en otras actividades. Además, Almagro coincidió con el otro acusado, el ex secretario del colectivo, en que los formularios en los que se introdujo la fecha errónea se rellenaron  con el asesoramiento del abogado de la Federación de Asociaciones de Vecinos. "Lo firmé, pero con el contenido que el abogado iba diciendo que tenía que ir poniendo", recalcó la edil electa.

Almagro, que admitió haber sido ella quien realizó la presentación material de los documentos en la Junta para incluir la asociación en el Registro de Asociaciones de Andalucía, advirtió de que, junto a los formularios en los que se cometió el error de la fecha, se adjuntó una información complementaria (los estatutos de la asociación) en la que sí figuraban los datos correctos, un extremo que según su defensa, omitió el denunciante del caso cuando llevó el asunto a la  Fiscalía de Granada. "Yo siempre pensé que se estaba haciendo todo  dentro de la legalidad", apostilló Almagro. Por cierto, tuvieron que realizarse tres certificaciones porque la Junta dijo que en la primera había defectos que se tenían que corregir. 

La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, apreciaba un delito de falsificación de certificados no sólo por figurar una fecha equivocada de la asamblea en la que salió la nueva junta directiva, sino  también porque en dos de los referidos documentos figuraban personas distintas para un mismo cargo: el de tesorero. Almagro atribuyó esa circunstancia a que cuando se presentaron las siguientes certificaciones "habían cambiado algunos cargos". 

En la misma línea se pronunció el otro acusado, que declaró que si bien él firmó los documentos registrados, no los confeccionó ni los leyó, porque en aquellas fechas "estaba bastante saturado de trabajo".