Declara hoy uno de los gerentes de MKF, investigada por fraude con discapacitados

  • La firma va a juicio por el supuesto cobro fraudulento de subvenciones de la Junta

El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid acoge hoy la declaración como imputado de uno de los gerentes de Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), la empresa de telemarketing con ramificaciones en las provincias de Granada, Jaén y Málaga investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Junta de Andalucía.

El testimonio del responsable de la empresa, de iniciales J.E.S.B., tendrá lugar a partir de las 12:00 horas, y después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, del que es titular el magistrado Basilio García, haya abierto diligencias la empresa, por posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. El segundo de los gerentes aún está pendiente de citación, mientras que los trabajadores afectados, un total de 307 entre las tres provincias, comenzarán a comparecer ante el juez a partir del día 13 de este mes.

CCOO de Granada ya anunció que el sindicato se personará como acusación popular en este caso "para defender los intereses generales de los trabajadores" y que investigará si la empresa, que opera a través de una fundación en todo el territorio nacional, ha incurrido en las mismas supuestas irregularidades en otras comunidades autónomas, ya que ya tienen indicios de que en Canarias se haya producido la misma situación.

Según el asesor jurídico de CCOO, Amador Torres, el asunto ha sido además remitido por la Fiscalía Superior de Andalucía, que incoó diligencias el 6 de junio del pasado año, a la Fiscalía General del Estado (FGE), concretamente a su departamento para la tutela penal y contra la discriminación.

El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha iniciado la investigación tras recibir el decreto de la Fiscalía Superior en el que consideraba que MKF podría haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en "graves irregularidades".

De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el fiscal superior, Jesús García Calderón, concluía que los hechos, denunciados en su día por el sindicato de CCOO y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público.

La Fiscalía acordó entonces remitir lo investigado por la Policía Judicial, a través de la Fiscalía Provincial de Granada, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, así como a las Fiscalías Provinciales de Jaén y Málaga "para su conocimiento y a los efectos oportunos". Según el informe policial realizado, la mayoría de las contrataciones de la sociedad, siempre bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad, tuvieron una duración de poco más de una semana y, en cualquier caso, "sin superar los cuatro meses de duración establecido como periodo de prueba".

El total de trabajadores con discapacidad que fueron afectados es de un total de 307.

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