El conflicto con el residencial Novosur, que la promotora Frai construye en Alhendín y que afectan a la servidumbre de la Base Aérea de Armilla, parece llegar a su recta final. O, por lo menos, en su vertiente administrativa. El Ministerio de Defensa hizo ayer pública la resolución sobre cómo solucionar las afecciones a la protección areonáutica de la Base, que consistiría en desplazar la pista de aterrizaje y despegue cien metros hacia atrás y demoler parcialmente nueve de los 23 edificios de la promoción.

La resolución de Defensa, firmada por la secretaria de Estado, Soledad López, asegura que ante una situación como la que se ha vivido con los pisos de Frai en Alhendín la legislación prevé dos alternativas. A saber, "la demolición de las edificaciones, restituyendo la situación a su estado original o bien la adopción de medidas correctoras que permitan compatibilizar las edificaciones con la seguridad aeronáutica".

Se ha optado por la segunda. El Estado Mayor del Aire ha considerado como "única alternativa factible" que la pista se prolongue "en dirección opuesta a la ubicación de los nuevos edificios, lo que facilitaría el franqueamiento de obstáculos". Esa prolongación sería de 100 metros porque, según afirmaron fuentes de Defensa, llevar la pista más hacia atrás "lo que sea necesario" sería entrar en conflicto con las construcciones ya existentes y que se ajustan a la normativa. Además, para evitar lo que se denomina "la huella de ruido" también se instalarán los dispositivos antiruidos necesarios, además de las radioayudas a la navegación. Todo ello sería sufragado por la promotora.

Aunque esta opción "minimizaría las demoliciones", éstas deben producirse. No de toda la promoción, pero sí de parte. En concreto, de nueve de los 23 bloques que componen el residencial Novosur, en los que hay elementos que siguen sobresaliendo entre 0,5 hasta 4 metros, que ponen en peligro la navegación de las aeronaves que tocan tierra o despegan en Armilla.

En esos nueve edificios, Frai también deberá acometer obras para solventar lo que Defensa califica de "significativa modificación del proyecto constructivo". Las fuentes consultadas ayer especificaron que en los casos más leves, que no llegan al metro de invasión de la servidumbre, bastaría con buscar una nueva ubicación a la maquinaria de los ascensores para que la construcción pasase a estar legalizada. En los casos en que las construcciones sobrepasan los límites hasta cuatro metros habría que optar por soluciones más drásticas.

De hecho, la resolución expresa que "si la empresa Frai no aceptase la aplicación de estas medidas, el Ministerio de Defensa no efectuará la prolongación de la pista", que quedaría en la misma situación y, por tanto, obligaría a "la demolición de los excesos en altura que correspondan".

Defensa quiso también dejar claro, además de la "actitud leal" del Ayuntamiento de Alhendín, que ha tenido "la intención de que siempre se tuviera en cuenta las familias que podían verse afectadas", que la resolución "concilia la seguridad con los intereses de las familias que han adquirido de buena fe una vivienda en la citada promoción".