Los Defensores Locales piden que se evite el silencio administrativo

  • La Coordinadora de Defensores Locales aseguró que gran parte de las quejas ciudadanas denuncia esta figura legal

La Coordinadora de Defensores Locales de Andalucía, que se reunió ayer en la sede del Consejo Consultivo de Andalucía en Granada, reclamó a las administraciones públicas que no caigan en "la dejación de la obligación que tienen de contestar al ciudadano" recurriendo al silencio administrativo.

Según el portavoz de la Coordinadora y Defensor de Córdoba, Francisco García, el silencio administrativo "nos preocupa y ocupa en gran parte de los expedientes que tramitamos". Aunque esta figura administrativa está prevista legalmente, se trata de un supuesto que "viene a conculcar ese derecho de todos los ciudadanos a ser respondidos en sus peticiones por parte de todas las administraciones públicas".

Por ello, los defensores consideran que su legalidad "no exime de la obligación que tienen las administraciones de responder a las peticiones que realizan los ciudadanos".

Así, García comentó que les gustaría "que este llamamiento a las administraciones públicas en esa obligación legal que tienen de resolver cuestiones a los ciudadanos, que sentencias del Tribunal Supremo han venido confrontando en base al artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sea una exigencia que se normalice en las administraciones públicas".

"Queremos que esa previsión legal sea sólo una garantía procesal pero no sea la dejación de la obligación que tienen todas las administraciones de contestar al ciudadano", según adujo García.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, consideró necesario otorgar un reconocimiento a la figura del Defensor Local en la Ley de Régimen Local de Andalucía, así como apostó por la creación de una ley específica, que recoja cuestiones como el régimen jurídico, naturaleza, las competencias, las facultades y potestades, funciones, la forma de elección y cese o el mandato de esta figura administrativa.

Para Cano, esta ley es imprescindible para "poner orden en la institución, porque si no se corre el peligro de que, en virtud de la autonomía que cada ayuntamiento tiene, se pueda configurar este organismo de formas diferentes, con lo cual los ciudadanos pueden ser tratados de una manera diferente ante las administraciones locales.

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