Desconcierto en Alemania, la UE, el Ministerio y la Junta

  • España reclama fuertes indemnizaciones, pero no hay base legal: habrá que improvisar

La infección masiva de cientos de personas detectada en Alemania desde el miércoles de la semana pasada ha generado el caos en las administraciones concernidas. Nadie se ha librado del desconcierto: ni la República Federal, ni la Unión Europea, ni el Ministerio de Agricultura español, ni la propia Consejería autonómica. En el Ministerio, se han prodigado las comunicaciones a viva voz y prácticamente no se ha abierto ningún expediente escrito. El caso ha adquirido una gravedad extrema: 15 muertos, 1.400 enfermos y cientos de millones de euros de pérdidas para los agricultores españoles, holandeses, belgas y hasta alemanes.

La Junta de Andalucía ha ido contando sus decisiones al Ministerio, que no siempre las ha compartido, según fuentes oficiosas. Por ejemplo, unos análisis previos en un laboratorio de Atarfe que en opinión de técnicos del Ministerio han retrasado la actuación del centro de referencia español para bacterias, que está en Lugo y no ha recibido las muestras hasta ayer martes. La sorpresa del Ministerio con la actuación de la consejera no se queda ahí: el consejo oficial era lavar y pelar los pepinos antes de comerlos y las fotos de Clara Aguilera mordiendo un pepino sin pelar han dado la vuelta a Europa.

Esta tensión entre el Ministerio y la Consejería es un espejo de la misma situación en Alemania, entre el Ministerio federal de Sanidad, con sede en Bonn, y la Consejería de Sanidad de la Ciudad Estado de Hamburgo. Cuando la consejera (senadora) de Sanidad de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, denunció la situación el miércoles de la semana pasada no había comunicado todavía el problema a las autoridades federales, que sólo activaron la alerta la tarde del jueves.

Fuentes diplomáticas confirmaron a nuestra redacción que en el Ministerio alemán no gustó ni la imprudencia de la ministra regional acusando España, ni que se saltara el protocolo de alerta. Hasta el viernes, la Comisión Europea no puso en marcha el sistema comunitario de alerta rápida para alimentos y piensos. Para entonces, había ya cientos de afectados en Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Holanda.

En su nota oficial, uno de los pocos papeles escritos de esta historia, la UE señalaba a Andalucía con el dedo: "Las autoridades alemanas han informado a la Comisión a primera hora de la tarde (del viernes) de que habían identificado uno de los focos de transmisión de la bacteria, pepinos ecológicos importados de dos provincias españolas, Almería y Málaga".

La locura que se ha montado con esta alarma también ha afectado a la Comisión Europea. Las crisis alimentarias causan histerias y un daño comercial que se tarda en recuperar meses o años y todo eso genera tensiones. Curiosamente, ningún país ha cerrado administrativamente sus fronteras para los productos agrarios españoles, salvo Rusia. También por la ausencia de papeles. Rusia pidió formalmente información a la Comisión el viernes, que se comprometió a enviarla por escrito. No lo hizo, y por la noche los rusos cerraron su frontera.

Ayer en la reunión informal de ministros de Agricultura en Debrecen (Hungría) la ministra finlandesa desmintió a su colega española que su país hubiese cerrado sus fronteras. Se sospecha que sí lo ha hecho bajo cuerda Austria. Los casos de Reino Unido, Bélgica y Alemania son atribuidos a decisiones de los importadores. Holanda, que comienza ahora sus calendarios de producción de tomate, lechuga y pepinos, también tiene bloqueadas sus ventas. La preocupación de sus agricultores y sus autoridades es máxima. Sin embargo, en una reunión ayer en Bruselas del Comité permanente de la cadena alimentaria, ningún país admitió haber decretado cierre de frontera.

En estos días no han faltado gestiones oficiosos. Dos empresas de Almería fueron denunciadas en Alemania por una ex trabajadora por utilizar un agua de riego no suficientemente depurada y han sido investigadas, sin que se haya detectado la presencia de la E.coli 1004 que ha causado la epidemia. Los importadores alemanes hacen sus propios análisis en España, en laboratorios de Valencia y otros lugares. Algunos técnicos del Ministerio apuntan que para generar confianza podrían publicar sus resultados. Pero no lo han hecho, ni nadie se lo ha pedido oficialmente.

Las tensiones latentes se pusieron ayer de manifiesto en la reunión informal de ministros que tuvo lugar en Hungría. En principio este tema no estaba en el orden del día. Pero cuando el lunes por la noche llegó la ministra Rosa Aguilar a la cena, exigió que se incluyese. Ni el comisario Ciolos, ni el ministro húngaro estaban por la labor. Finalmente se añadió. La reunión duró ayer de 9:00 a 13:00 y este asunto se convirtió en el centro del debate, entre las 11:00 y las 12:45. El resultado fundamental es la celebración de un consejo extraordinario de salud y agricultura que se convocará con urgencia en los próximos días, cuando se tengan todos los datos.

España pretende que se libren indemnizaciones para los productores perjudicados. Ciolos repite que no tiene base legal. De hecho hay un reglamento que prevé ayudas para infecciones en animales, que es el que se aplicó para las vacas locas y recientemente en las dioxinas en Alemania. Pero no recoge el caso de una contaminación de origen vegetal. Y las retiradas de producción previstas en la OCM de frutas y hortalizas son muy limitadas. Habrá que arbitrar un sistema excepcional. La ministra repitió ayer que éste es un problema de mercado comunitario. Y que hay que tratarlo con urgencia y al máximo nivel.

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