El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a un hombre que recurrió la decisión de la Subdelegación del Gobierno en Granada de revocarle la licencia de armas que poseía al constar en la base de datos de la Guardia Civil que había sido denunciado por amenazas y que estaba implicado en unas diligencias instruidas por delito contra el orden público, resistencia y desobediencia.

En una sentencia, el alto tribunal andaluz toma esta decisión bajo el argumento de que, según la jurisprudencia española, la ausencia o tenencia de antecedentes penales no deben ser el único dato a analizar a la hora de otorgar o retirar una licencia de armas, sino que es preciso evaluar las cualidades personales del interesado que permitan concluir que no supondrá riesgo para él o terceras personas.

El afectado recurrió la decisión de la Subdelegación del Gobierno alegando que en el procedimiento penal instruido a consecuencia de los hechos denunciados por la Guardia Civil no se formuló acusación contra él y sólo fue condenado por una falta de desobediencia leve su hijo, que también estaba implicado en los hechos. Exponía así que "la mera implicación en una disputa familiar ocasional no es razón que justifique la revocación de la licencia de armas" de la que ha venido disfrutando durante más de veinte años.