Los gastos "extraordinarios" que el concejal del Partido Popular (PP) Juan Antonio Fuentes, anterior responsable de la televisión municipal, autorizó a la empresa privada que gestionaba TG7 ascienden a 930.343 euros (768.879 euros más IVA). Esta losa de "imprevistos" fuera de contrato se generó en tres años (de 2013 a 2015), pero con una progresión tan ascendente que en el último ejercicio, solo hasta octubre, se acumularon supuestos servicios prestados por valor de 441.968 euros (365.263 más IVA), que es casi el doble de la cantidad del primer año completo (228.144 euros). Ese 2015 en que se desbordaron los gastos fuera de contrato fue el año de las elecciones municipales que trajeron una nueva victoria electoral al PP en el Ayuntamiento de Granada.

En las actas donde la empresa privada Central Broadcaster Media (CBM SL) ha reflejado todos esos servicios extras que asegura haber prestado a petición del Ayuntamiento de Granada (y que estaban al margen del contrato regular suscrito con el municipio) hay una relación de gastos mes a mes que llegan a su máxima cuantía (109.274 euros más iva) en abril de 2015, justo antes de los comicios. En el mismo periodo del año anterior, la empresa sólo había reclamado 11.687 euros.

El concejal Fuentes firmó las actas donde se reflejaban los gastos adicionales mes a mes

Entre los servicios que se incluyeron en esa "bolsa" de gastos "extraordinarios e imprevistos" hay contratos laborales y colaboraciones profesionales que se repetían mes a mes, dietas de la feria de turismo Fitur (2014 y 2015), gastos de viaje a Sevilla, alquiler de balcones para Semana Santa y arrendamientos de edificios. La fiscal que investiga este asunto considera que "no es posible admitir como gastos extraordinarios aquellos a los que se refiere la factura, dado que se transforman en gastos recurrentes, al darse mes a mes".

Todas estas facturas, relación de gastos y contratos están siendo investigados ya en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, donde aterrizó en febrero pasado la denuncia de la Fiscalía (a instancia de la información remitida por Vamos, Granada) por todos estos hechos relacionados con la gestión de TG7 que desde finales de 2015 han sido objeto de polémica y un encendido debate político en la capital.

La fiscal del caso considera difícil admitir esos gastos como extraordinarios

A juicio del Ministerio Público el concejal Fuentes habría autorizado este tipo de gastos extraordinarios, fuera de contrato, "con la finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal y proporcionar un beneficio a la empresa contratista (…) ocasionando con ello un serio perjuicio a las arcas municipales". La fiscal que instruyó las primeras diligencias de investigación penal apuntó en sus conclusiones que hay indicios de delitos de malversación y prevaricación, castigados con penas de entre 2 y 6 años de prisión e inhabilitación.

La mercantil CBM SL fue la adjudicataria en 2011 del servicio de grabación de todos los eventos informativos, programas o especiales para emitir en la televisión municipal TG7. En 2012 se actualizó ese contrato, que quedó fijado en 629.576 euros anuales más IVA y que el Ayuntamiento ha seguido abonando hasta el final, en 2015. Pero, según ha expuesto la empresa privada en varios de sus escritos dirigidos al Ayuntamiento, desde 2013 se comenzaron a generar otros gastos adicionales como consecuencia de la prestación de "servicios extraordinarios" que excedían la cuantía del contrato original y que habrían sido solicitados por el propio Ayuntamiento. Fue el concejal Juan Antonio Fuentes quien avaló esos gastos adicionales con su firma hasta el verano de 2015.

El 1 de julio de ese año, cuando ya se acumulaba casi un millón de euros por esos servicios extra aún sin pagar y sin consignación presupuestaria (pues no estaban previstos), el concejal firmó un convenio con el representante de la empresa privada para tratar de dar cobertura a esos gastos.

Los servicios jurídicos municipales y otros informes han puesto en duda la legalidad de ese convenio al considerar que de facto se trataba de un contrato para cuya firma no tenía competencias el representante del PP, pues supuestamente comprometía unos gastos para el Ayuntamiento de la capital y esa competencia correspondía por delegación al concejal Sebastián Pérez, presidente del PP y próximo candidato a la Alcaldía.

Los escritos que han llegado al Juzgado también ponen de manifiesto el oscurantismo con el que se habrían tramitado estos gastos y ese convenio, dado que los servicios municipales no tuvieron conocimiento de todo esto hasta el finales de 2015, cuando Fuentes fue reemplazado (por orden del alcalde José Torres Hurtado) como responsable de la televisión y el equipo de gobierno decidió rescindir el contrato a CBM SL. Fue entonces cuando la empresa sorprendió a casi todos con la reclamación de una factura de 548.775 euros (453.533 euros más IVA) correspondiente a "servicios prestados según convenio de servicios complementarios al contrato". Salió a la luz entonces la existencia de esos gastos generados y el convenio que los regulaba, firmado por el todavía concejal del PP, aunque ahora con labores en la oposición. Este extremo, el de haber mantenido tapada la deuda hasta que el Ayuntamiento prescindió de los servicios de CBM también es un elemento sospechoso destacado por la Fiscalía en su denuncia.

Aquel convenio y las actas mensuales de servicios extra prestados por CBM que firmó el concejal Juan Antonio Fuentes se complementaron con otro informe de la coordinadora del Servicio de Información Municipal (la directora de la televisión), Cristina García, que era la persona de confianza designada en aquel tiempo por el político. En su escrito ella reconocía esos gastos al decir que fueron necesarios por la "mayor carga de trabajo durante los meses a los que se refiere" y destacaba que eran "imprescindibles". La Fiscalía considera que esta empleada actuó en "connivencia" con el concejal y por eso la incluye entre las personas denunciadas al Juzgado.

Esta responsable de la televisión tuvo que abandonar su puesto en los mismos días que el concejal Fuentes (septiembre de 2015) precisamente por las críticas y las polémicas que se suscitaron en el periodo electoral, durante el cual los trabajadores de este medio de comunicación municipal denunciaron presiones para beneficiar al PP en la campaña. Se unió a las críticas de los trabajadores por los despidos y por la supuesta existencia de "contratos fantasma" de redactores que en realidad no trabajaban en la televisión. Cristina García también está siendo investigada ahora en otro Juzgado por los contratos del caso Emucesa.

Ese informe de la directora, al que hace referencia la Fiscalía en su denuncia, destaca que los gastos extras autorizados a la empresa privada se ajustan a los precios de mercado según sus propias comprobaciones. Pero el Ministerio Público sospecha que sus conclusiones eran parte de la misma estrategia para tratar de justificar el abono económico a la mercantil de servicios de muy dudosa calificación. No parecen imprevistos las coberturas televisivas de la cabalgata de Reyes Magos, la Toma, la Semana Santa, el Corpus o la Ofrenda Floral a la Virgen.

Lo que el informe de la fiscal reprocha especialmente es el hecho de que los gastos se repitan mes a mes, aspecto que no cuadra con su supuesto carácter de "imprevistos". En esas actas donde se detallan los servicios, a las que ha tenido acceso este periódico, destaca el incremento paulatino de esas prestaciones fuera de contrato. Así, en enero de 2013 se sustentaban con este sistema las nóminas de 2 redactores, pero fue en aumento hasta los 7 redactores, 1 editor, 1 realizador y 1 auxiliar de producción contratados en abril de 2015, el mes previo a la celebración de las elecciones municipales.

Ese mes se hicieron despliegues especiales para la Semana Santa, lo que podría justificar un cierto repunte, pero los gastos consignados eran muy superiores a los de años anteriores para el mismo evento. Con los 109.274 euros netos de servicios extraordinarios que CBM pasó a Fuentes para firmar ese mes, sobrepasaba en mucho la cantidad fija mensual (53.788 euros más IVA) que estaba estipulada en el contrato y que el Ayuntamiento abonó como cada mes por sus servicios de grabación audiovisual para TG7. Es decir, que los gastos extra fueron más del doble de los ordinarios.

No fue un hecho aislado, porque por ejemplo, en marzo de ese 2015 los servicios extraordinarios alcanzaron los 92.494 euros (más IVA), al incluir 67.074 euros (81.159 euros con IVA) bajo el concepto "interiorismo plató". En cualquier caso, los picos de mayor gasto se dieron en esos meses de precampaña electoral en 2015. A las cargas laborales antes mencionadas hay que sumar otras colaboraciones de algunos profesionales que se repetían cada mes, como la de una "presentadora", que desde noviembre de 2014 hasta septiembre de 2015 supuso un gasto fijo de 3.025 euros mensuales más el IVA correspondiente.