El consejo de administración de la empresa de vivienda y suelo de la Diputación de Granada, Visogsa, rechazó ayer la propuesta del grupo popular de constituir una comisión de investigación por la supuesta adjudicación irregular de viviendas al no aportar indicios de prácticas anómalas en la gestión de los últimos años.

La petición del PP estaba condenada al fracaso. El diputado de Vivienda y Suelo de la Diputación, el socialista Pedro Jiménez, argumentó el voto en contra de la mayor parte del consejo en la inconsistencia de la iniciativa formulada por el PP en represalia a la denuncia realizada por el presidente Antonio Martínez Caler contra el portavoz popular, Antonio Granados, por no declarar entre sus bienes gananciales una VPO que le concedió en 1999 Visogsa. Aquella mordaz crítica de Martínez Caler levantó una polvareda que llevó al PP a sacar a la luz pública supuestos beneficios obtenidos por destacados dirigentes socialistas en la adquisición de viviendas, entre ellos el caso de la consejera socialista, María José López, que ella misma llevó a los tribunales. En realidad, el PSOE y el actual equipo de gobierno se metieron en un charco al denunciar que Granados no cumplía con los requisitos para acceder a una vivienda protegida dando por hecho que hubo una irregularidad.

En su comparecencia ante los periodistas, que se produjo antes de que finalizara el consejo de administración, Pedro Jiménez explicó ayer que la solicitud del PP estaba fuera de lugar: "No consideramos justificado abrir una comisión de investigación tal y como reclaman algunos consejeros porque no hay indicios para ello ni nada que lo sustente", zanjó.

Los consejeros populares, que venían reclamando desde hace más de un mes la convocatoria urgente del consejo de administración, anunciaron días atrás que pretendían rastrear los datos de los beneficiarios de las viviendas promovidas por Visogsa durante los últimos 20 años ante la sospecha de que se pudieran haber adjudicado a dedo viviendas a ciudadanos afines al PSOE. La petición, fundamentada en una sospecha, entrañaba serios problemas pues, según explicó Pedro Jiménez, muchos de los archivos ni siquiera están informatizados.

Jiménez reiteró ayer que hasta la fecha la empresa pública se ha regido por la "transparencia" y "siempre se han puesto las bases de adjudicación a disposición del Consejo y por tanto de sus consejeros, que las ha aprobado o ratificado por unanimidad de todos los asistentes, por lo que se ha cumplido la legalidad vigente".

El diputado socialista esgrimió una auditoría externa encargada a la empresa Deloitte durante el mandato anterior para demostrar que tanto las adjudicaciones de viviendas como las cuentas de Visogsa se ajustaban a la legalidad. "La auditoría finalmente concluyó con un informe limpio, sin ningún reparo ni recomendación", añadió.

En la actualidad, Visogsa trabaja directamente en 1.300 viviendas y en 420 alojamientos protegidos en régimen de alquiler, mientras que el capital con respecto al volumen total de obra es de 18,6 millones de euros en vivienda; 2,5 millones en alojamientos y 500.000 euros en materia de urbanización.