La Diputación dio ayer el primer paso para "poner orden" en asuntos de disciplina urbanística en los municipios de la provincia. Todas las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad un proyecto experimental en la comarca de Baza-Huéscar mediante la puesta en marcha de una oficina que tramitará expedientes de disciplina urbanística al objeto de que los infractores no queden impunes", según explicó en su exposición el vicepresidente tercero de Obras y Servicios, Andrés Ruiz.

En realidad lo que ayer se aprobó fue el protocolo sobre la encomienda de gestión entre Diputación y los ayuntamientos de la comarca, que debe ser ratificado ahora por los plenos municipales. Ruiz explicó que la experiencia es novedosa en toda España y, a diferencia de las oficinas abiertas por la Junta de Andalucía en algunos municipios para asesorar en materia de ordenación del territorio, ésta tendrá capacidad para abordar los desmanes urbanísticos aunque la potestad sancionadora la tendrán los municipios.

El diputado socialista explicó que han detectado que muchos municipios pequeños "inician los expedientes disciplinarios pero no los terminan por falta de medios técnicos y humanos". Lo que se pretende ahora es prestarles toda la ayuda necesaria para evitar ilegalidades.

Tanto el vicepresidente segundo, Julio Miguel Bernardo (IU) como el diputado del PP José Torrente respaldaron la iniciativa aunque este último expresó su deseo de que dichas oficinas se implanten lo antes posible en el resto de las comarcas de la provincia.

Donde no hubo unanimidad fue en la aprobación de las cuentas generales de 2005 y 2006 que salieron adelante pese al voto en contra del PP. El portavoz socialista, José María Aponte, reconoció que las cuentas se llevaban al pleno con demasiado retraso y fuera del plazo previsto por ley, pero subrayó la mejoría lograda en los capítulos de ejecución de ingresos y gastos ordinarios, en la reducción de la deuda y en el aumento del ahorro bruto. Sin embargo, admitió que el grado de ejecución de la inversión era "mejorable" confiando en que la fórmula de agrupar en una anualidad las actuaciones sirva en el futuro para superar esta asignatura.

Entre los datos más significativos, Aponte hico mención a la reducción en 40 puntos de la deuda viva real, que fue del 140% en 2005, del 118% en 2006 y del 101% en 2007. En este sentido, señaló que la Diputación está "pagando más y cobrando mejor".

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Robles criticó el "paupérrimo" grado de ejecución de las inversiones y el descenso en las transferencias de capital, y recriminó al equipo de gobierno que esté "satisfecho" con un 69 por ciento de ingresos a nivel general.

Para el PP esos datos, que han sido considerados por Aponte de "erróneos y capciosos", evidencian la "falta de compromiso" con la provincia del PSOE, al que ha instado a ser "más reivindicativo" con la Junta. Robles enumeró un buen número de actuaciones que no se han desarrollado y señaló que, en ningún caso, se puede estar satisfecho con una deuda viva de casi 170 millones de euros a 31 de diciembre de 2006.