El Juzgado de lo Social 1 de Granada ha declarado nulo el despido de la que fuese jefa del servicio de seguridad de la Diputación, del que es adjudicatario Segurisa, al considerar que fue improcedente y que sufrió acoso laboral por parte de su empresa y del coordinador de seguridad de la institución. La "actitud de acoso" comenzó, según el juez, cuando el coordinador de seguridad de la Diputación, Juan Carlos Adarve, pidió a la demandante que le dijese a qué trabajadores podía despedir para sustituirlos por "militantes del PSOE o familiares o amigos" de afiliados del partido y ella se negó. Según la sentencia, ha quedado probado que era "habitual" que cuando se debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad "se acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Juan Carlos Adarve quien indicaba el nombre de quien podría ser contratado".