"ETA ha ratificado la decisión del Tribunal Supremo". Con esta frase el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reflejaba su sentimiento tras el atentado con coche-bomba perpetrado a las nueve de la mañana de ayer por la banda terrorista en el madrileño recinto ferial de Ifema, cuyo objetivo parecía ser la sede de la empresa Ferrovial, una de las constructoras que realizan trabajos para el tren de alta velocidad en el País Vasco y que no causó ningún herido.

El atentado se produjo, además, pocas horas después de que el Tribunal Supremo impugnara las candidaturas de Askatasuna y D3M a las elecciones del 1 de marzo tras considerar que ambas formaciones están instrumentalizadas por ETA.

El hecho de que el hombre que telefoneó advirtiendo de la colocación del coche-bomba lo hiciera desde un teléfono móvil con tarjeta prepago desde algún punto de la Comunidad de Madrid, y que la furgoneta fuera robada en la localidad de Navalagamella la noche anterior abre varias líneas de investigación. Entre ellas, no se descarta que ETA tenga algún tipo de infraestructura en Madrid o de colaboradores que faciliten a los comandos información sobre dónde robar coches o recogerlos.

El objetivo del coche-bomba, una furgoneta Peugeot Partner, fue de nuevo, como en el último atentado de ETA que causó la muerte del empresario Ignacio Uría en la localidad guipuzcoana de Azpeitia el pasado diciembre, las constructoras de la Y vasca. En este caso, se perseguía a la empresa Ferrovial-Agromán, aunque no se produjeron daños personales. Esta compañía se encarga concretamente del tramo comprendido entre las localidades de Legutiano y Escoriaza II. Se trata de un paso subterráneo de 2,1 kilómetros bajo el monte Albetia.

Tras la explosión, únicamente se vieron afectados una treintena de coches -cuatro de ellos calcinados-, el puente que cruza cerca del edificio de la empresa y la estructura externa de éste. La bomba provocó un cráter de tres metros de diámetro y uno de profundidad y partes de la furgoneta salieron disparados a una distancia de hasta doscientos metros. Según fuentes cercanas a la investigación, los daños pudieron haber sido más devastadores, pero sólo explosionó una parte de la carga colocada.

A las 07:34, casi una hora y media antes de la explosión, los bomberos de la Comunidad de Madrid recibían una llamada anónima advirtiendo de la colocación de un coche-bomba en la calle Rivera del Loira, en la zona empresarial del Campo de las Naciones. Dos minutos después, eran el Samur y la Cruz Roja quienes recibían las llamadas.

Inmediatamente lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional que acudió, junto con varias ambulancias, al lugar donde se encontraba el vehículo.

Agentes de la Policía desalojaron a los trabajadores de Ferrovial y las empresas cercanas, como Endesa y Sanitas, para proceder a desactivar el coche. Sin embargo, finalmente decidieron dejar explotar la bomba porque, según explicó Rubalcaba en el lugar de los hechos, hubiera sido una "temeridad" hacer lo contrario.

Según fuentes de la investigación, la Policía ya tenía localizado el vehículo. Se trataba de una furgoneta Peugeot Partner sustraída la noche anterior en la localidad madrileña de Navalagamella. Tras la explosión, varios agentes estuvieron buscando un segundo vehículo que podría haber colocado la banda, que finalmente no existía. Las fuentes consultadas explicaron que si la furgoneta hubiera sido colocada en otra posición podría haber causado más daños materiales en Ferrovial.

La banda ya asesinó en 1991 a un directivo de la empresa. El atentado se produjo el 4 de marzo en Valencia, cuando el subdelegado de Ferrovial José Edmundo Casañ se encontraba en la sede de la constructora. Dos terroristas obligaron a los empleados a tirarse al suelo y después dispararon contra Casañ. ETA vinculó a la compañía con la construcción de la autovía Irurzun-Andoaian, que se construyó aunque cambiando su trazado inicial.