Ecologistas en Acción castigan la política urbanística de tres alcaldes

  • Conceden el Premio Atila al de Carataunas, censuran a los de Puebla de Don Fadrique y Atarfe y elogian a la Fiscalía del TSJA por defender el Medio Ambiente

"Porque lleva una política urbanística nefasta, destrozando su pueblo, desoyendo las indicaciones de las administraciones y de la Fiscalía en materia de urbanismo, y por los vertidos de escombros y basuras que están tapando las minas de Fátima".

Tales son los 'méritos' que la asociación Ecologistas en Acción atribuye a Salvador Rodríguez Martín, alcalde de Carataunas, y por los que se ha hecho acreedor del premio Atila 2007, galardón ya tradicional que se otorga todos los años a quienes más han dañado al medio ambiente en la provincia.

El Atila, no obstante, también tiene un reverso, un premio que se llama Aguas de Mayo y que en esta ocasión se lleva la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los conservacionistas se lo conceden porque, a su entender, es un órgano que está "trabajando los temas ambientales con riguroso criterio y, además, está dando a entender a la ciudadanía que la ley está para cumplirse por parte de todos".

Unos y otros guardan cierta relación. Salvador Rodríguez, regidor del PP, fue denunciado el pasado mes de octubre por la Fiscalía, que le atribuye un delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia de obras para la construcción de 65 viviendas fuera del núcleo urbano de Carataunas. El alcalde se defendió diciendo que el suelo es urbanizable y que se limitó a conceder la licencia de construcción a la vista de que había informes técnicos favorables.

En la carrera hacia el premio Atila de esta edición, Salvador Rodríguez se ha impuesto a otros tres candidatos: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "por las trabas que ponen para informar a los ciudadanos, a quienes se les obliga a ir a Sevilla para consultar cualquier proyecto"; Jesús Amurrio, alcalde de la Puebla de Don Fadrique, "por confundir desarrollo con especulación, negar información y mantener un vertedero ilegal junto a los depósitos de agua potable"; y Víctor Sánchez, alcalde de Atarfe, "por no reconocer su responsabilidad en los vertidos de las balsas de alpechín y por su política urbanística plagada de irregularidades".

La Fiscalía del TSJA, por su parte, ganó a la Plataforma contra el Teleférico, "por dinamizar a la sociedad para conseguir librarnos de ese engendro especulativo"; a Beatriz Muñoz, "por su trabajo por una buena ordenación en los pueblos de la cornisa sur del Área Metropolitana"; a Manuel González de Molina, director de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura, "por su magnífico trabajo para fomentar el consumo de productos autóctonos y de calidad"; y para Cortijo del Pino, en Churriana de la Vega, "por apostar por el mantenimiento de la Vega en su forma tradicional y contra la especulación urbanística".

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