Ecologistas llevan a Narbona al fiscal por el trasvase del Portillo

  • El colectivo denuncia un presunto delito de prevaricación en la autorización de la obra de emergencia para conducir agua del embalse de Portillo a Baza

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por las obras de urgencia que ya se han iniciado para trasvasar agua del pantano del Portillo a Baza y por las que, según dicho colectivo, se derivan actuaciones delictivas de prevaricación, malversación, contra los recursos naturales y contra la ordenación del territorio.

La denuncia presentada el pasado miércoles por Ecologistas en Acción, con el apoyo de regantes de Castril y representantes municipales de Cortes de Baza, dos de los pueblos afectados por el trasvase, precisa que no se dan ninguno de los tres supuestos -riesgo de catástrofe, peligro para la población o una cuestión de defensa nacional- para declarar la obra de urgencia. Con ello se evita que "no se haga la declaración de impacto ambiental y no haya participación ciudadana".

El coordinador provincial de Ecologistas en Acción, Javier Egea, vaticina que el daño sobre el ecosistema del río Castril donde conviven varias especies protegidas será muy importante pues se detraerán 8 hectómetros cúbicos anuales, lo que podría acelerar la desertización de 25 kilómetros del valle. En este sentido, aporta un estudio científico encargado por la Consejería de Medio Ambiente a varias universidades españolas.

La obra de entubamiento ya se ha iniciado y discurre por los municipios de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Zújar y Baza. En total, 36 kilómetros de longitud y un coste inicial de 10,5 millones de euros. Egea pidió explicaciones a la ministra sobre la urgencia de una obra que consideró innecesaria pues Baza "nunca ha tenido restricciones ya que se encuentra sobre un acuífero que le proporciona agua de calidad".

La denuncia, que también dirigen contra el funcionario de más alto rango de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que autorizó la obra, es apoyada por más de 800 vecinos que a título personal también están dispuestos a acudir a los tribunales para exigir responsabilidades. No obstante, sus denuncias aún no han sido presentadas para no entorpecer la investigación que lleve a cabo la Fiscalía, según explicó Javier Egea.

"Sería deseable que la Fiscalía no sólo interviniera desde el punto de vista penal, sino también por la vía administrativa, al tratarse de un acto con una evidente repercusión social y que está provocando una sensación de desamparo en la población a tenor de lo dispuesto en la Constitución", añadió.

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