La noticia de que el Tribunal Constitucional (TC) mantiene la suspensión de la convocatoria de oposiciones de Secundaria realizada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha supuesto un cerrojazo más a las pocas aspiraciones que desde que saltó la disputa entre Gobierno y Junta tienen los aspirantes a una de las 2.398 plazas en litigio. En total más de 33.100 opositores -unos 6.000 en Granada- que ven cómo las disputas políticas acaban con sus esperanzas de futuro.

Ayer, tras conocer el fallo del TC, que mantenía la suspensión dictada en mayo y que la mantiene hasta que haya sentencia, los sindicatos pidieron una reacción urgente y en beneficio de los afectados.

CSI.F exigió "ante la gravedad de la situación" una reunión urgente de la Mesa Sectorial de Educación y también la devolución de las tasas pagadas por los opositores, "miles de euros que deben ser reintegrados a los docentes que creyeron en la seriedad de sus gobernantes", dijo el presidente del sector de enseñanza de CSI.F en Granada, Germán Girela.

En su día, los opositores tuvieron que pagar 77 euros en tasas. En principio, el examen iba a ser en junio pero en mayo se paralizaron las oposiciones tras ser recurridas por el Gobierno central. Ahora, los sindicatos exigen que se les devuelva el dinero, por lo que Educación tendría que reembolsar un total de 2,5 millones de euros a los más de 33.000 aspirantes en Andalucía y 462.000 euros en concreto a los opositores granadinos.

Con todo, Educación ya contestó a esta petición con la primera paralización y dijo que iba a esperar hasta que hubiera sentencia firme.

Para CSI.F, el auto "supone el último eslabón de un despropósito y evidencia que los ciudadanos, y en este caso los opositores, les importan poco o nada a los partidos gobernantes ya sea en Madrid o en Sevilla". Además, Girela lamentó "profundamente" la situación de "indefensión y desamparo que viven miles de opositores víctimas del fuego cruzado entre las formaciones que gobiernan a nivel estatal y autonómico".

Por su parte, CCOO advirtió ayer de que esta decisión "va a dañar aún más la calidad de la escuela pública en Andalucía". Además, no comparten la decisión del TC "porque la convocatoria en Andalucía se realizó con anterioridad a la publicación del Real Decreto de recortes presupuestarios". Y es que el auto mantiene la suspensión en base a que se podría poner en peligro "la eficiencia del Real Decreto sobre recortes presupuestarios que se aprobó el 30 de diciembre para la corrección del déficit público".

"No es comprensible", argumentó el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, "que el Gobierno de España plantee la necesidad de tomar medidas para reducir los casos de jóvenes que ni estudian ni trabajan y continúe con este tipo de políticas restrictivas impidiéndose que se consolide el empleo en educación y se reduzca la atención de los estudiantes, aumentándose con ello el fracaso escolar, que en Andalucía es realmente alto".