Los concejales del PP imputados en el caso Serrallo que se han pronunciado tras la conclusión de las diligencias previas coinciden en un punto para su defensa: la jueza instructora no conoce el funcionamiento interno de un ayuntamiento. Es el caso de Fernando Egea, uno de los seis ediles investigados que siguen en el grupo municipal del PP, que ayer subrayó que durante su etapa en el Gobierno local actuó siempre "conforme a derecho" y con informes técnicos avalando sus actuaciones. "Me entretuve en contar los expedientes que se abordaron en 2012 y fueron 1.853, lo que da más de 40 expedientes a la semana de turismo, comercio, economía, contratación, servicios sociales... Al cabo de los cinco años de Gobierno hablamos de unos 8.000 expedientes", subrayó el concejal popular tras la resolución judicial que ratifica la imputación por un posible delito de prevaricación urbanística.

Fernando Egea defendió el funcionamiento interno de las administraciones locales para garantizar que legalidad de las actuaciones. "En muchos casos los concejales no tienen por qué tener una formación académica alta, pero el mecanismo garantiza un asesoramiento cualificado para tomar ciertas decisiones con los informes de los técnicos competentes en la materia", señaló el edil popular. En su caso particular, señaló que en la aprobación del expediente del Serrallo tomó las prevenciones de un concejal que trabaja en el ámbito del Bienestar Social y que conoce sus expedientes al dedillo. En este expediente de Urbanismo señala que tomaron las precauciones preceptivas y que se elevó a la Junta de Gobierno tras la supervisión de la Secretaría para comprobar que estaba ajustado a derecho, además de contar con el visto bueno del interventor. "Podía poner a los técnicos de Servicios Sociales a chequear los expedientes de Urbanismo, lo que no tendría sentido. Estoy tranquilo, me he dejado la salud trabajando por este Ayuntamiento y estoy tranquilo porque he hecho las cosas con la más absoluta honradez y honestidad", recalcó.

Esta es la misma línea argumental que sigue el el resto de concejales, caso de la responsable de Urbanismo en 2012, Isabel Nieto, que el lunes puso en duda el conocimiento de la jueza instructora del caso Serrallo del funcionamiento del ayuntamiento. Nieto aseguró que aún "pone la mano en el fuego" por los funcionarios imputados que ocupaban cargos de confianza en aquel momento. "Siempre han barrido para dentro, le exigían a los promotores cosas para la ciudad", explicó la exconcejal, quien sí centró sus críticas en el antiguo director general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que es testigo de cargo en este caso judicial, de quien mostró su extrañeza porque no figura como imputado.

El auto del caso Serrallo, paso previo a la celebración del juicio que podría sentar en el banquillo al exalcalde José Torres Hurtado (PP), establece seguir el mismo trámite por un posible delito de prevaricación urbanística contra el interventor municipal y los nueve concejales -incluida la de Urbanismo- que participaron en la junta de gobierno local en la que se dio luz verde al proyecto urbanístico para construir una discoteca en unos terrenos destinados a un parque infantil.

En todo caso, los concejales agotaron ayer un cartucho para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.