Elevan la petición de cárcel por la permuta "engañosa" de una casa en Monachil

  • La Audiencia celebra el juicio sin el principal acusado, un empresario granadino que se encuentra en busca y captura

La Fiscalía elevó ayer de dos a cuatro años su petición de prisión para Manuel R., el administrador de la promotora Morivante General de Exclusivas e Inversiones S.L., una empresa, ya desaparecida, que está acusada de estafar en 2007 a un matrimonio de Monachil en la operación de compraventa de su casa.

El caso fue enjuiciado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada sin la presencia del principal acusado, el promotor José Antonio M.L., declarado en rebeldía y contra quien existe una orden de detención.

Sí sentó en el banquillo, junto al administrador, la ex compañera sentimental del promotor, Isabel R.M., que aseguró no haber tenido nada que ver con los negocios de su entonces pareja, con quien tiene cuatro hijos. La mujer aclaró que se limitaba a cuidar de sus vástagos y no tenía función alguna en la empresa, una circunstancia que llevó al Ministerio Público a retirar la acusación contra ella.

Por su parte, la acusación particular que ejercen África Díaz y su marido, la pareja presuntamente estafada, sí mantuvo la acusación contra Isabel R., por lo que será el tribunal el que finalmente decida si la exculpa o no. El letrado del matrimonio, Fernando Gálvez, del Bufete Gálvez de la capital, también mantuvo los cargos contra Manuel R. y solicitó la nulidad de las escrituras de compraventa de la casa de sus clientes. Asimismo, reclamó una indemnización de 265.000 euros para pagar al banco el préstamo que la promotora obtuvo luego hipotecando la finca. Para esta parte, aquella operación fue "totalmente engañosa y fraudulenta".

De hecho, África y su marido perdieron su hogar y ahora viven de alquiler, el cual pagan a duras penas. El matrimonio accedió a vender su finca, sita en la calle Alicante de Monachil, por 150.000 euros y uno de los pisos nuevos que Morivante había proyectado en su solar. De lo pactado en la permuta, sólo recibieron 50.000 euros, pues cuando acudieron a cobrar los dos siguientes pagarés de 50.000 euros no había fondos. Además, la vivienda prometida nunca llegó a construirse, pues, según la versión de la promotora, el Ayuntamiento no dejó de poner reparos a los distintos proyectos presentados.

Durante su declaración, Manuel R. detalló que fue a principios de 2007 cuando asumió el cargo de administrador de Morivante. La empresa fue creada por José Antonio M. con un capital inicial de 125.000 euros para hacer promociones inmobiliarias. "Yo me encargaba de la documentación y él era el que mandaba", manifestó el acusado, al tiempo que explicó que si José Antonio no figuraba como administrador de la promotora era porque cobraba una pensión por una invalidez permanente que le impedía ejercer esas funciones.

El procesado indicó que fue otra empresa la que en un principio se interesó por la vivienda de África, pero la operación la cerró José Antonio, que "hipotecó la finca" sin que él tuviera conocimiento del destino que iba a dar al dinero del préstamo. Y el destino fue, según la interventora del banco que se lo concedió, que declaró como testigo, "saldar otras deudas" contraídas con la propia entidad financiera.

"Las gestiones económicas las llevaba José Antonio", puntualizó el acusado, que dijo desconocer "dónde está el dinero" de aquel préstamo. El hombre insistió varias veces durante su interrogatorio en que sus conocimientos contables e inmobiliarios eran mínimos, pues su profesión hasta unos meses antes de empezar a trabajar en Morivante había sido la de camionero. El caso quedó visto para sentencia.

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