Los investigadores policiales que, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, llevan muchos meses indagando en la supuesta "organización criminal" de dirigentes, empleados y empresarios en la Alhambra para la adjudicación "a dedo" de contratos a conocidos y familiares, avanzaron ayer que la cantidad defraudada por esta trama podría alcanzar los 7 millones de euros.

En las escuetas conclusiones que hicieron públicas tras la operación policial de ayer, también definen como modus operandi la "adjudicación ilegal" de contratos a empresas y personas que serían "afines a la cúpula" directiva del monumento.

Tanto los datos económicos como la forma de actuar que se le atribuye a los investigados detenidos ayer tiene relación directa con un informe de auditoría elaborado por la propia Junta de Andalucía, que es parte acusadora en esta causa y en la de Audioguías, como posible perjudicada por las posibles irregularidades cometidas. Ese documento llegó al Juzgado hace casi un año, cuando la causa estaba en pleno proceso de división en dos y los investigados iban a declarar en el Juzgado.

Este periódico recogió entonces los detalles de aquel domoledor informe realizado por la Intervención de la Junta, que ponía de manifiesto "graves irregularidades" durante casi una década. Más de 200 contratos administrativos por valor de 6,2 millones de euros, adjudicados a solo 8 personas o a sus empresas, y mediante procesos plagados de irregularidades en los que se "omitían las normas básicas de concurrencia". Ésta es una parte de la larga lista de actuaciones fuera de la ley detectadas por los interventores de la Junta en la gestión del Patronato de la Alhambra y Generalife durante los años investigados.

En 2015, cuando era consejera de Cultura Rosa Aguilar (ahora en Justicia) y estalló el caso de las Audioguías, ella misma encargó la elaboración de este estudio financiero exhaustivo, según aparece en la propia documentación.

El interventor denunciaba en el informe "la posible existencia de menoscabo en fondos públicos" y recomendaba "la adopción de las medidas necesarias" de carácter judicial para asegurar los derechos de la Junta de Andalucía.

El ámbito temporal de la auditoría es de 2011 a 2014, pero el análisis se hizo extensivo tanto a años anteriores como hasta el mismo año 2016 en que se cerró el informe. El interventor detectó irregularidades que se alargaban en el tiempo. De hecho, se han analizado contratos que se remontan en algunos casos hasta 2005 y muy habitualmente a 2007 o 2008, que son los años en los que se comenzaron a realizar la mayoría de las adjudicaciones irregulares al pequeño grupo de personas o empresas señaladas. La Policía incidió ayer en que su investigación se centra ahora en la "totalidad de los contratos adjudicados por el conjunto monumental a 8 empresas desde 2007 hasta 2015.

La auditoría se limitaba a señalar las irregularidades desde un punto de vista técnico y jurídico, pero ahora la Policía sí incide en otras consideraciones como los supuestos vínculos de esas personas y empresas con los dirigentes que permitían las adjudicaciones. Los mismos nombres de adjudicatarios de contratos que sobresalen en la auditoría aparecían ya entonces en los informes policiales y en los autos judiciales como personas con fuertes vínculos personales o familiares con la anterior cúpula de la Alhambra.

El caso Audioguías comenzó con una denuncia sobre la adjudicación de este servicio a una empresa que no habría hecho efectivo durante años el canon que debía pagar a la Alhambra por los ingresos que le reportaba el alquiler de los aparatos a los turistas. La auditoría elaborada por la Junta dedica un amplio capítulo a este asunto y detecta también "graves irregularidades" que habrían provocado una merma en los ingresos de la Alhambra con el consentimiento y la participación activa de sus máximos dirigentes.

En particular, el informe hace mención del papel relevante que tuvieron los que fueron jefe de la Sección Económica y de Contabilidad, José María Visedo; la secretaria general, Victoria Chamorro, y la directora del Patronato, María del Mar Villafranca.

Esta última "carecía de competencia" para dictar ciertos acuerdos de compensación que permitieron reducir la deuda que la empresa de las audioguías debía abonar a la Alhambra, concluye el informe. Según el auditor, durante sucesivos años, los responsables del Patronato reconocían deudas sin justificación que el monumento tendría con la adjudicataria de las audioguías, a fin de ir reduciendo el importe del canon que la sociedad no ingresaba nunca, mediante procesos de compensación de deudas irregulares. Todo esto se acompañaba, según el informe, de modificaciones del contrato original y su prórroga (2007 a 2015) -"al margen de cualquier precepto legal"- que favorecían a esta empresa y perjudicaban a las arcas públicas.

La auditoría interna, incorporada al sumario, aporta enormes coincidencias con muchas de las conclusiones aportadas ya hace meses por la Policía Judicial respecto a todos esos contratos y adjudicatarios beneficiados.

Uno por uno desglosa todos los contratos adjudicados a siete personas y sus respectivas empresas (ahora la Policía ha incluido una más), de modo que al final se establece un recurrente modo de actuación habitual.

Según exponía el interventor de la Junta, estos contratos parecen haberse concebido para establecer relaciones laborales en la práctica. Es decir, que determinados puestos de trabajo del Patronato de la Alhambra eran cubiertos por personas que accedían a ellos mediante estos contratos de prestación de servicios, lo que supone una irregularidad, aunque además se suman la deficiencias reiteradas en la concurrencia de esos contratos. Es decir, que los que conseguían la adjudicación acababan trabajando en el Patronato, incluso con cargos directivos y con teléfonos y correos corporativos de la Junta de Andalucía.

La mayoría de contratos obtenidos por estas personas que la Policía vinculaba como amigos, vecinos, esposas, cuñados o yernos de los dirigentes de la Alhambra, obtuvieron sus primeros contratos con el Patronato entre los años 2005 y 2009 con enormes carencias en los requisitos económicos y técnicos exigidos. Algunos aportaban solo su curriculum vitae y ni siquiera tenían formación vinculada al objeto del contrato. Pero la concurrencia era nula, pues se hacían contratos menores (en muchos se repetía el objeto) o negociados (no había concurso público).

Coincide en muchos de los casos analizados que se invitaba siempre a las mismas personas o empresas a participar en esos procedimientos negociados de adjudicación, pero que siempre desistían, salvo el contratista habitual. En algunas ocasiones, esos supuestos competidores eran personas que luego formaban parte del equipo de trabajo del adjudicatario o empresas del mismo grupo que la sociedad beneficiaria. "Resulta evidente la intención de adjudicar a persona o empresa concreta los contratos", expone el auditor, quien también pone de relieve la "invitación reiterativa a estas empresas por parte del Patronato cuando una vez tras otra desisten de presentar oferta", en relación a los supuestos concurrentes, pues la normativa exige que haya al menos tres aspirantes.

La auditoría destaca el cambio que se produjo en 2011, cuando esos contratos adjudicados a personas se fueron reconvirtiendo en servicios prestados por empresas cuyos propietarios eran los mismos contratistas de antes y que se creaban días antes del proceso de licitación en la Alhambra. Es más, era habitual que el monumento fuera el único cliente de esas sociedades.

Uno de los investigados declaró a la Policía que los responsables de la Alhambra le pidieron que creara una empresa en 2011 para prestar el mismo servicio que tenía adjudicado.

Al final el resultado debía de ser parecido pues durante las fechas de la elaboración de la auditoría la Alhambra contaba con 325 puestos de trabajo, de los cuales solo 276 están dotados presupuestariamente. "En la estructura del Patronato se encuentran integradas 15 empresas externas desarrollando funciones diversas que en total aportan 60 trabajadores", expone el interventor.

Operación Colina roja II