La Fiscalía del TSJA recurrió ayer la condena del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, a una multa de 2.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un cura alegando que actuó ajustándose al derecho canónico, y arremetió contra el juez, Miguel Ángel Torres.

En el recurso, el fiscal pide al absolución de Martínez al considerar que la falta de injurias había prescrito y que no hubo coacciones cuando, tras cesar al cura como archivero de la catedral y conservador, le conminó a paralizar la publicación de un libro sobre dicho monumento si quería volver al Cabildo, como sostuvo el juez en su fallo.

El ministerio público reconoce la existencia de "cuestiones que enfrentaron y enfrentan" al arzobispo y al sacerdote que motivaron "resoluciones sancionadores en el ámbito del derecho canónico", cuya aplicación defiende en este caso frente al recurso a la vía penal, por ser hechos "no graves".

Añade que Martínez sólo utilizó el ordenamiento jurídico canónico para ejercer "una potestad disciplinaria" ante la comisión de "presuntas faltas" por parte del cura, Francisco Javier Martínez Medina.

El sacerdote denunció al arzobispo por injurias, calumnias, acoso moral, lesiones y coacciones por cesarle como miembro del Cabildo, retirarle la Cátedra en la Facultad de Teología, suspenderle para ejercer como clérigo, paralizar la edición del libro que coordinaba sobre la catedral granadina -patrocinado por CajaSur- y acusarle en una carta de quedarse con los derechos de propiedad intelectual de dicha publicación.

En cuanto al juez Torres, el fiscal sostiene que en su sentencia se pronunció "sobre hechos que a todas luces escapan del objeto del proceso penal y sobre personas que no comparecieron en el proceso", además de haber reprochado conductas "de cierta significación penal" a algunos testigos, como el deán de la catedral o el presidente del Cabildo. Dado que el juez indicó que en el juicio se evidenció que algunos miembros del Cabildo "no tienen problemas en algunos casos en no ajustarse exactamente a la verdad", el fiscal le reprocha que no aclare "en qué extremo faltaron a la verdad" y asegura que no lo hicieron.

Torres atribuyó el origen de todas las acciones de Martínez contra el demandante a su vinculación con CajaSur, con la que el prelado mantenía un enfrentamiento desde que ejerció como arzobispo de Córdoba, ante lo que el ministerio público señala que se trata de una cuestión "intrascendente" que, además, "no tiene refrendo probatorio alguno".