Granada

La Fiscalía reabre diligencias penales por el uso irregular de datos en la sanidad pública

La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha acordado reabrir las diligencias de investigación penal en torno al presunto uso por parte de una multinacional farmacéutica de datos confidenciales de usuarios de la sanidad pública en Andalucía y Extremadura, que fue denunciado por el Defensor del Paciente y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Así lo pone de manifiesto el decreto de apertura de la Fiscalía andaluza, donde se expone que, con fecha del 20 de abril, se recibió en la Fiscalía Superior de oficio de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada de la Fiscalía General del Estado la información sobre el caso y, una vez visto su contenido, procede a la incoación de las diligencias de investigación penal.

La Fiscalía de Granada acordó el pasado mes de abril archivar las diligencias abiertas y remitir las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para unificar las denuncias en torno al presunto uso de datos confidenciales por parte de una multinacional farmacéutica. En un decreto fechado el pasado 21 de marzo la fiscal expone que el 18 de marzo tuvo entrada en la Fiscalía Provincial un escrito en representación del SAT de Granada poniendo en conocimiento una serie de hechos que, a juicio del colectivo, podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y otro de revelación de secretos.

En base a ello, la Fiscalía acordó incoar diligencias de investigación penal para esclarecer el asunto. Sin embargo, la fiscal expuso que el escrito presentado se encuentra dirigido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción y señala que las manifestaciones contenidas deben "entenderse adhesivas a la denuncia presentada ante dicha Fiscalía por la Asociación Defensor del Paciente".

Las denuncias del SAT y el Defensor Paciente se refieren a una supuesta obtención ilícita y posterior difusión con ánimo de lucro de documentos de salud con datos personales de pacientes y trabajadores de los servicios de salud de Andalucía y Extremadura por parte de una multinacional alemana del sector farmacéutico.

El asunto fue denunciado por un trabajador de esta empresa aportando a la Fiscalía documentación al respecto que recibía en su correo corporativo.

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