La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) solicitó ayer a la Fiscalía Provincial de Granada que abra diligencias informativas sobre la supuesta colocación "irregular" de Ramón Gonzalo Rodríguez García, hijo de la ex delegada de Educación, Carmen García Raya, como profesor bilingüe de Geografía e Historia en el instituto de Secundaria Fray Luis de Granada. Por su parte, la también portavoz del grupo municipal socialista aseguró ayer que todo el proceso ha sido legal y remitió al informe que está preparando la Delegación para demostrar la transparencia y corrección en la asignación de la plaza.

Según el escrito presentado ayer por el sindicato de Enseñanza, el hijo de la edil concurrió a las plazas bilingües para este curso 2008-2009, pero "quedó excluido por Resolución (definitiva) de la Dirección General de Recursos Humanos el 29 de julio de 2008", sin que a APIA les conste que se recurriera dicha exclusión.

En el Fray Luis de Granada fueron asignadas dos plazas bilingües mediante esta resolución, de Tecnología y de Matemáticas, sin embargo, según dice el escrito que tiene ya en su poder la Fiscalía, "a comienzos del presente curso, a Ramón Gonzalo Rodríguez García se le adjudicó una plaza de profesor bilingüe de la especialidad de Geografía e Historia" en dicho centro, uno de los más codiciados de Granada por su ubicación, prestigio y por su programa de Bilingüismo. Todo ello, "a pesar de que el destino en propiedad de esta persona está en el instituto de Secundaria Castillo de Locubín (Jaén), y que los cambios de destino han de efectuarse mediante concurso o comisión de servicios", se dice en el escrito.

Dado que en el instituto Fray Luis de Granada estaban ya adjudicadas oficialmente las plazas de bilingüismo que se precisaban, "Rodríguez García pasó a ocupar otra similar de carácter oficioso", explica el presidente de APIA, Enrique Abascal.

Varios enseñantes alertaron a principios de curso a APIA de la posible adjudicación de la plaza del hijo de la ex delegada de Educación de manera "irregular" y en el mes de noviembre solicitaron información a la Delegación.

"Hace dos semanas mantuvimos una reunión con el jefe de Personal de la Delegación de Educación -dice Abascal- que se comprometió a darnos una explicación documentada sobre este caso y que, según él, parecía ser objeto de un error administrativo".

Pero APIA asegura que Educación no atendió su requerimiento de información, "para averiguar cuándo y cómo se ha efectuado una convocatoria pública para cubrir la citada plaza", y este lunes presentaron un recurso de alzada en la misma Administración.

"La falta de transparencia y la amplia discrecionalidad que rodea con frecuencia la actuación de los responsables de la Consejería de Educación, nos lleva a sospechar que hechos como el ahora recurrido podrían ser más habituales de lo que cabe esperar en una Administración", argumenta el presidente del sindicato de Enseñanza.

APIA ha "considerado oportuno trasladar la información a esta Fiscalía para que, en uso de sus competencias y si lo estima procedente, abra diligencias informativas necesarias para dilucidar si ha existido infracción penal en los hechos descritos, deduciendo, en su caso, las responsabilidades a que hubiere lugar".

La Fiscalía Provincial de Granada deberá decidir ahora qué curso va a dar al requerimiento interpuesto por el sindicato. Entre las opciones posibles, la Fiscalía puede abrir diligencias informativas, dar curso a un expediente gubernativo o incoar diligencias de investigación penal.