La Fiscalía de Menores de Granada incoó el pasado año 28 expedientes para investigar posibles casos de absentismo escolar. Las pesquisas terminaron con la denuncia a trece familias por no llevar a sus hijos menores de edad al colegio. Son muchas menos que las registradas en 2012, cuando fueron 20 los expedientes que finalizaron en denuncia. Así lo refleja la memoria anual de actividades de la Fiscalía Superior de Andalucía, referida al año 2015, y publicada recientemente.

El número de expedientes incoados también es menor. De 68 recogidos en la memoria de hace cuatro años se ha pasado a 28. De éstas, en trece casos se procedió a la denuncia, en otros trece se archivó y en los dos restantes se continuaba el proceso en el momento de cerrar la memoria. Los motivos que explican esta reducción de casos está, según indica el responsable provincial del Área de Compensación Educativa, Miguel Ángel Caballero, en que se ha demostrado "más efectivo" actuar por otras vías, además de la judicial, con las familias y los menores. "La presencia de la Fiscalía en estos casos cada vez es menor", indica Caballero, que apuesta por estrategias de "reeducación" y por llegar a acuerdos con los padres antes de llegar a la vía judicial y a una posible sanción, que puede ser económica e incluso de cárcel. Así, ya se han registrado resoluciones en las que se obliga al menor a permanecer escolarizado en una residencia escolar o a que forme parte de programas específicos del Área de Compensación Educativa. Uno de ellos es el bautizado como Atrévet, destinado a madres adolescentes que han abandonado los estudios para cuidar a su familia para que se reenganchen a las clases y puedan obtener, al menos, el título de Secundaria.

Sobre el perfil de las familias denunciadas por la Fiscalía, Caballero asevera que no existe un único patrón. "Algunas están normalizadas", lo que supone que no sufren marginalidad ni están en riesgo de exclusión. Otras sí se encuentran estas situaciones. Sí se ha apreciado, sin embargo, una tendencia a la reincidencia en algunos de los casos. "Vieron que con sus hijos mayores no pasó nada, y repiten el comportamiento con los pequeños", resume Caballero.

Desde la Policía Autonómica, José Jiménez, jefe del Área de Protección al Menor, diferencia entre aquellas familias que hacen dejación de sus obligaciones y no llevan a sus hijos al colegio, de aquellos padres que se ven superados y no pueden corregir el comportamiento absentista de su hijo. Estos casos se dan, fundamentalmente, cuando el menor llega a los 15 años y manifiestan con su ausencia de las aulas que no quieren seguir sus estudios, a pesar de que, por su edad, deben estar escolarizados.

Hasta la Policía Autonómica llegan los casos derivados de la Fiscalía y aquellos que los agentes detectan en su día a día en la calle. Patrullas de paisano localizan a los menores y les llevan al centro educativo. A partir de un número determinado de faltas, se inician los protocolos para reconducir la situación de absentismo. Existen tres niveles de actuación, que van desde la intervención del centro y la comunicación a la familia para actuar con el chico hasta la denuncia de la Fiscalía, que puede acabar con una condena judicial. El paso de un nivel a otro es progresivo y puede ser, incluso, inverso, de tal manera que la Fiscalía puede establecer que se vuelva a trabajar con Asuntos Sociales o con el colegio para reconducir la situación, indica Jiménez.

Así, no todos los expedientes iniciados desde la Fiscalía de Menores acaban con la denuncia. Prácticamente en la mitad de los casos de 2015 -trece- se archivó, bien porque el menor cumplió los 16 años -edad a la que la escolarización deja de ser obligatoria-, la familia recondujo la situación o bien se llegó a un acuerdo con el centro educativo o los trabajadores sociales para tomar otra serie de medidas.

La tasa de absentismo de alumnos en la provincia de Granada se situó el pasado curso en el 0,49%, lo que supone el mínimo histórico al bajar, por primera vez, del 0,5%. Este porcentaje supone que apenas medio millar de alumnos granadinos que deberían estar escolarizados por ser menores de 16 años no van a clase de forma habitual o, directamente, no están escolarizados. El dato se dio a conocer en la Comisión Provincial de Absentismo, una herramienta que ha demostrado su validez. "Son muy pocos", reconoce el coordinador del Área de Compensación Educativa de la Delegación provincial, Miguel Ángel Caballero. "Hablamos de un 0,49% para un total de 200.000 alumnos", señala.

Además de la Comisión Provincial, existe una subcomisión en la que participa tanto la Delegación de Educación como la Fiscalía y el área de Protección de Menores de la Policía Autonómica. También asume competencias en la materia la Policía Local de la capital.