La Fiscalía de Granada ha acordado archivar las diligencias abiertas y remitir las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para unificar las denuncias en torno al presunto uso por parte de una multinacional farmacéutica de datos confidenciales de usuarios de la sanidad pública en Andalucía y Extremadura.

En un decreto fechado el pasado 21 de marzo, la fiscal expone que el 18 de marzo tuvo entrada en la Fiscalía Provincial un escrito en representación del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Granada poniendo en conocimiento una serie de hechos que, a juicio del colectivo, podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y otro de revelación de secretos. En base a ello, la Fiscalía acordó incoar diligencias de investigación penal para esclarecer el asunto. Sin embargo, la fiscal expone que el escrito presentado se encuentra dirigido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción y señala que las manifestaciones contenidas deben "entenderse adhesivas a la denuncia presentada ante dicha Fiscalía por la Asociación Defensor del Paciente".

Las denuncias del SAT y el Defensor Paciente se refieren a una supuesta obtención ilícita y posterior difusión con ánimo de lucro de documentos de salud con datos personales de pacientes y trabajadores de los servicios de salud de Andalucía y Extremadura por parte de una multinacional alemana del sector farmacéutico.

El asunto fue denunciado por un trabajador de esta empresa aportando a la Fiscalía documentación al respecto que recibía en su correo electrónico corporativo, según detallan desde el SAT en un comunicado.

Ahora, la Fiscalía granadina ha archivado las diligencias abiertas y ha remitido las actuaciones a Anticorrupción para unificar las denuncias presentadas, lo que hace a través de este reciente decreto contra el que no cabe recurso.

Los hechos se remontan a octubre del año pasado cuando un trabajador de la sede en Granada de una multinacional farmacéutica denunció ante la Fiscalía Superior de Andalucía a la firma por acceder a datos confidenciales de usuarios del SAS y de su homólogo extremeño.

La asociación Defensor del Paciente remitió entonces un escrito a los Gobiernos andaluz y extremeño en el que advirtió de los "gravísimos y presuntos hechos" que considera podrían constituir varios delitos, "con grave vulneración al derecho fundamental a la intimidad de los pacientes" como usuarios de los servicios públicos de salud de las dos comunidades.

El trabajador de la farmacéutica formalizó su denuncia, admitida a trámite por la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que aportó como pruebas datos que recibía en su correo electrónico profesional. El empleado de la farmacéutica expuso además que la multinacional había extraído ilícitamente datos del SAS y del Servicio Extremeño de Salud (SES) con información relativa a personas atendidas en centros sanitarios, historiales clínicos electrónicos, recetas, tratamientos y visados médicos.