La llegada del legado Lorca a Granada tiene dos velocidades: la quinta marcha que intenta poner el alcalde de Granada, Paco Cuenca, y la reductora que ayer impusieron el resto de instituciones que integran el Consorcio del Centro de la Romanilla, Ministerio de Cultura, Junta y Diputación. En la reunión celebrada en la Romanilla, el día fijado para desbloquear definitivamente una situación que lleva enquistada los dos últimos años, el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, defendió su criterio de esperar al informe jurídico sobre la liquidación de la encomienda de gestión para tomar cualquier decisión vinculada a aceptar las cuentas presentadas por la Fundación Lorca y los 4,6 millones de euros de gastos paralelos con los que la institución que preside Laura García-Lorca pretende dar carpetazo a las discutidas cuentas de la construcción del centro cultural.

Sobre este aplazamiento planea la duda de que "dar por justificado" este dinero podría ser contrario a la ley y desembocar en un proceso judicial contra las propias instituciones, para lo que se han tomado un nuevo plazo de reflexión pese a que el acuerdo para la llegada del legado debería estar cerrado antes del 30 de junio para evitar tener que devolver a Noruega los 3,7 millones de euros que aportó para el equipamiento del centro y para financiar los seis primeros meses de programación.

Según ha podido saber este periódico, la Fundación Lorca se muestra inflexible en sus peticiones, que pasan por que las instituciones acepten los gastos paralelos y se liquide la encomienda de gestión a la Fundación sin que esta tenga que devolver ninguna cantidad a las instituciones. El segundo punto pasa por crear una nueva fundación al margen del actual Consorcio, en la que volvería a tener un papel destacado Laura García-Lorca y bajo cuyo paraguas llegaría el legado del poeta.

Sin embargo, en la reunión de ayer volvió a ponerse sobre la mesa la posibilidad de liquidar la encomienda de gestión, reclamar el dinero que no esté justificado a la Fundación mediante un expediente un reintegro y abrir un plazo de alegaciones, tras el que, en caso de que las subvenciones sigan sin estar acreditadas al cien por cien, reclamar que este dinero se compense con la titularidad pública del legado, exactamente el mismo punto en el que estaban las negociaciones en la última etapa de José Torres Hurtado al frente de la Alcaldía, cuando los puentes entre el Consorcio y la Fundación estaban rotos y se comenzaba a vislumbrar la posibilidad de comenzar una batalla judicial por el legado.

Al acabar la reunión, el Consorcio lanzó un comunicado en el que se señala que, "dada la complejidad del proceso y el volumen de documentación", las cuatro administraciones implicadas han decido que sus gabinetes jurídicos sigan trabajando con la mayor celeridad "para certificar legalmente todos los pasos que se dan y la hoja de ruta a seguir para establecer la futura gestión del Centro Lorca". El objetivo es avanzar, a través de un informe técnico-jurídico, en la figura administrativa que encaje el papel de la Fundación Lorca en la futura gestión del Centro, "cuyo funcionamiento en los próximos años debe ser consensuado por las administraciones".

En este marco, las cuatro administraciones implicadas se vuelven a dar unos días de plazo para convocar una nueva cita, al tiempo que trasladarán próximamente la información y las conclusiones del análisis de la nueva documentación remitida por la Fundación Lorca, los 200 folios de facturas presentados el lunes 19 de junio. Esta última documentación debe arrojar luz a los datos que presenta la última auditoría, que refleja una deuda pendiente de cancelar de 2,5 millones de euros, a los que hay que sumar 681.00 euros pendiente de facturar a Ferrovial por la construcción del centro. Otro dato a aclarar es que, según el informe, existe una diferencia de 3,4 millones entre las ayudas recibidas para edificar el Centro Lorca y los pagos realizados a proveedores, cantidades que la Fundación pretende liquidar a través de los gastos asociados ya que, según Laura García-Lorca, tuvo que hacer frente a las "carencias" administrativas del Consorcio para que el proyecto pudiese salir adelante.

En definitiva, las instituciones quieren andarse con pies de plomo antes de dar cualquier paso en caso de que las cuentas no despejen todas las dudas.