La exposición Ever/Still se desarrolló en 2008 en la Huerta de San Vicente organizada por la Fundación Lorca y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Costó más de un millón de euros y es una de las partidas que la Fundación Lorca pretende incluir en el capítulo de gastos asociados a la construcción del Centro Lorca. Es una de las justificaciones presentadas por la institución que preside Laura García-Lorca y que ha tumbado la última auditoría de los gastos del centro de La Romanilla, que rechaza hasta 3,03 millones de euros de las partidas presentadas. En respuesta a este informe, Laura García-Lorca envió una carta al Consorcio del centro de la Romanilla en la que defiende su gestión señalando que no se ha actuado de forma "clandestina". "Al contrario, ha sido una actuación celebrada y aplaudida estos años por las instituciones, conscientes de que, ante su parálisis, era la Fundación la que mantenía vivo el impulso del proyecto".

A continuación, la sobrina del poeta rebate los resultados de la auditoría, que señala que aún existen 2,5 millones de euros de deuda pendiente de cancelar, caso de los 183.000 euros que se adeudan por la dirección de la obra a Antonio Navarro o los 36.639 que aún debería percibir la empresa Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento, propiedad de Juan Tomás Martín, exsecretario de la Fundación que cobró un total de 1,07 millones de euros por sus trabajos de coordinación de las obras y al que Laura García-Lorca llevó a juicio por falsedad documental y apropiación indebida.

En su escrito, Laura García-Lorca defiende que, salvo el caso de las subvenciones nominativas procedentes de la Junta y el Ministerio, "no existe una previa definición del destino que debía darse al dinero entregado por la Fundación". Es decir, que estaban capacitados para emplear este dinero en actividades relacionadas con la puesta en valor del Centro. "En ningún momento se dio a la Fundación indicación alguna sobre el destino que debía darse a los importes transferidos", señala la sobrina del poeta en su escrito, en el que remarca que las cantidades aportadas por el Consorcio "no tienen la cualidad de subvenciones".

Según la auditoría de la propia entidad que todavía tiene su sede en la Residencia de Estudiantes de Madrid, el coste final del Centro Lorca es de 29,3 millones de euros, de los que la Fundación ha ejecutado 25,6 y el resto, 3,7, procede de los fondos noruegos con los que se equipó el Centro y se puso en marcha la primera fase de la programación, un dinero que el Ministerio de Hacienda tendrá que devolver en caso de que no haya un acuerdo por el legado antes de finales de mes. Entre el dinero que la Fundación da por justificado se encuentran 4,6 millones bajo el concepto de gastos asociados para la puesta en valor del centro, de los que, a falta de que este lunes se debata en el marco del Consorcio la nueva documentación aportada, sólo se dan por válidos 1,5.

En este sentido, la Fundación recalca que, además de la dirección del proyecto del edificio, "suplió las carencias" de las instituciones encargándose, "con sus propios medios", de todo aquello que fuera necesario para la continuación del proyecto, para la conservación del legado y la difusión de la memoria del poeta.

A continuación, Laura García-Lorca señala que el proyecto "consumió" sus recursos y que fue prácticamente la única actividad de la Fundación, por lo que parte del dinero recibido "se aplicó a gastos que permitieron que la maquinaria administrativa que suplía las carencias del Consorcio siguiera funcionando". "¿Se hubiera podido finalizar la construcción del Centro sin la participación de la Fundación? ¿Podía haber hecho la Fundación este cometido sin incurrir en estos gastos?", se pregunta la sobrina del autor de Yerma, que subraya que estas son las dos cuestiones que debe resolver el próximo lunes el Consejo Rector del Centro Lorca. "Si la respuesta en ambos casos es no, como así lo pensamos, es evidente que estos gastos son todos ellos admisibles, sin merma alguna", insiste para recordar también a las administraciones que en todo momento se ha informado de la evolución del proyecto y sus "vicisitudes". Por todo esto, la Fundación alude al principio general del artículo 1729, según el cual, "debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y prejuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato", con lo que apremia a las administraciones a que asumen la deuda que aún queda por liquidar por la construcción del Centro de la Romanilla.

Laura García-Lorca acaba su escrito pidiendo que se den por "plenamente justificadas" las subvenciones recibidas, "permitiendo de esta forma la liquidación de la encomienda de gestión sin obligación de reintegro alguno contra la Fundación". Las instituciones decidirán el lunes si dan por bueno este argumentario para concretar, diez años después del inicio del proyecto, la llegada del legado lorquiano.