Las trabajadoras de la Fundación Lorca, a las que la institución adeuda 240.000 euros según especifican en un comunicado, denuncian que la negociación para la llegada del legado a Granada se ha llevado a cabo sin tener en cuenta que los bienes han sido "trabados y embargados" por el Juzgado de lo Social 29 de Madrid por las deudas contraídas con sus extrabajadoras. Desde la Fundación Lorca se reconoce esta deuda con las tres trabajadoras, aunque especifican que recurrieron este embargo de la bienes -y por extensión del legado lorquiano-, lo que fue admitido por el Juzgado. "Ellas volvieron a recurrir y todavía estamos pendientes de la resolución, pero a día de hoy no pesa ningún embargo sobre los documentos", aseguran desde la Fundación, que se muestra dispuesta a pagar esta deuda en cuanto les sea posible. "Pero en ningún caso se ha querido eludir esa responsabilidad", concluyen.

Sin embargo, las trabajadoras denuncian que la presidenta de la Fundación, Laura García-Lorca, "no está actuando de buena fe" puesto que el 13 de diciembre "no compareció ni ella ni ningún representante de la Fundación ante el Juzgado de lo Social estando debidamente citada". "Ella ha negociado este acuerdo sabiendo que el legado está embargado por nuestro procedimiento, lo que nos demuestra que la Fundación insiste en hacer negocio jurídico a pesar del embargo", afirman las trabajadoras que califican de "desolador" que "después de casi 2 años de espera y más de 20 años trabajando para esta entidad" se han resuelto "todas las deudas de la Fundación excepto la nuestra".