El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales mostró ayer su preocupación por la situación de la Justicia Social en Andalucía, que ingresó el pasado año un siete por ciento más de asuntos que el año anterior, manteniendo una línea ascendente, según los datos de la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, alertó de "la preocupante situación" de la Justicia Social en Andalucía y reclamó la adopción de medidas urgentes ante la situación de "colapso" de los juzgados.

La carga de trabajo no puede resolverse con parches, según los graduados sociales

La memoria revela que los despidos en los Juzgados de lo Social han ascendido un cinco por ciento, registrándose 16.066 asuntos de esa índole frente a los 15.347 del año 2016. El documento revela también que algunos partidos judiciales están señalando juicios "con un retraso incompatible con el derecho al plazo razonable que se precisa para ello".

La cantidad de asuntos ingresados en las tres Salas de lo Social del TSJA, repartidas entre Málaga, Sevilla y Granada, mantiene un repunte, aumentado la complejidad de muchos asuntos. Y así, "se han resuelto menos de los asuntos ingresados y quedaron un total de 5.950 asuntos pendientes al final del ejercicio -un 18 por ciento más que el año anterior-".

Otro aspecto preocupante para estos profesionales es que la Sala de lo Social del TSJA haya ingresado en el conjunto de sus tres sedes un total de 10.278 asuntos en el año 2017 -un seis por ciento más que el año anterior-. La mayor parte de estos ingresos fueron recursos de suplicación contra resoluciones de Juzgados de lo Social.

Según el presidente del Consejo, la Justicia Social debe ser objeto de un gran pacto institucional para que Junta, Gobierno Central y Consejo General de Poder Judicial "busquen vías de solución y prioricen medidas para evitar el colapso de la Justicia Social".