El pleno del Parlamento aprobó ayer la Ley de Farmacia de Andalucía, una norma que mejora la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios de farmacia al posibilitar la apertura de unas 500 nuevas oficinas, refuerza el papel del farmacéutico como agente de salud, mejora la transparencia en la adjudicación de las oficinas, fomenta la investigación en el ámbito de los medicamentos estratégicos y facilita el traslado de los farmacéuticos rurales y el acceso de los profesionales en paro.

La nueva ley beneficiará de forma especial a Granada ya que se permitirá la instalación de farmacias en núcleos rurales pequeños y en zonas de expansión con un mínimo de mil habitantes. Así, al ser Granada la provincia con más municipios, y muchos de ellos pequeños, será una de las grandes beneficiadas por la ley.

En toda Andalucía permitirá abrir unas 250 nuevas farmacias en una primera fase, que ascenderán a unas 500 en un plazo medio.

Además de en pueblos pequeños, la ley permitirá abrir nuevas oficinas en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías, en todos los distritos de Atención Primaria y en los hospitales de más de cien camas.

Ahora será la Consejería de Salud la que asuma la planificación mediante convocatorias públicas de las nuevas farmacias. De este modo, fijará los lugares en los que se podrán abrir nuevas oficinas, flexibilizando los criterios generales para tener en cuenta los incrementos de población censada, flotante o estacional. El objetivo es ajustar la oferta a la demanda real y a los crecimientos demográficos.

Con el fin de introducir parámetros de calidad, se ha establecido un sistema de acreditación para las oficinas de farmacia y los servicios farmacéuticos, orientado a la mejora del servicio y a la garantía de la prestación. Además, otorga rango legal a las políticas de uso racional del medicamento que se desarrollan en la comunidad autónoma, como la prescripción por principio activo.

También se hará especial hincapié en la producción de medicamentos estratégicos