Septiembre ha comenzado 'caliente' a consta de las infraestructuras de Granada. La rectora de la UGR, Pilar Aranda, avivó ayer el descontento de la ciudad reclamando la llegada "ya" de la Alta Velocidad a la provincia y que el Ministerio de Fomento pague el futuro soterramiento de las vías del tren en su entrada en la capital. "Estamos perdiendo oportunidades importantísimas", denunció la rectora, que calificó como algo "milagroso" que se mantengan las cifras de turismo y la UGR se mantenga como una de las universidades mejor valoradas. "Que el AVE llegue ya, que podamos tener un congreso con 10.000 congresistas, que podamos tener una reunión de los mejores investigadores, que podamos movernos con mayor facilidad porque asistir a cualquier reunión nos supone un gran coste en tiempo, en dinero y en pérdida de capacidades", denunció para señalar a continuación la disposición de la Universidad para trabajar en los proyectos de futuro de la ciudad desde su ámbito de acción.

En este sentido anunció que la próxima semana está programada una nueva reunión entre los técnicos de la UGR y del Ayuntamiento para avanzar en el proyecto de soterramiento del AVE, una vez que la institución académica mostró su negativa a ceder los comedores universitarios y el campo de rugby de Fuentenueva para la construcción de edificios con los que financiar la ejecución de las obras.

Tras subrayar que pese a esta primera disparidad de criterios la relación con el Consistorio es "fluida y directa", Aranda subrayó que el rechazo a este primer proyecto municipal no era al plan completo, sólo en aspectos como la operación urbanística en los paseíllos. En este punto dio un paso más para reclamar que sea el Ministerio de Fomento el que pague las obras para el soterramiento de la alta velocidad, tal y como ha ocurrido en otras capitales de España.

"En todo caso vamos a retomar las conversaciones porque se ha presentado un nuevo proyecto y nos sentaremos a verlo", continuó en referencia a la propuesta de Marea Amarilla de retranquear la estación soterrada hasta el puente del Camino de Ronda y utilizar los terrenos de la vía de Moreda que quedarán liberados para construir las viviendas con las que generar las plusvalías necesarias para acometer el proyecto.

Una vez descartado el proyecto low-cost que presentó el Ministerio de Fomento, que no solucionaba el histórico problema del barrio de la Rosaleda y que estaba cifrado en unos 100 millones de euros, los técnicos del Ayuntamiento deben perfilar junto a los de la UGR un nuevo proyecto sobre la base del plan municipal que se presentó antes del verano. Una vez declarada como intocable la zona de los paseíllos universitarios, los técnicos tendrán que buscar más aprovechamientos urbanísticos en otras zonas o replantear el proyecto para abaratar el coste de la obra estimado en unos 226 millones de euros.

O eso o que, como plantea la rectora, que el Gobierno zanje su deuda con la ciudad después de más de 800 días de aislamiento ferroviario.