El empresario José Julián Romero, promotor de una de las dos operaciones urbanísticas que iniciaron el caso Nazarí y uno de los 16 detenidos por la Policía el pasado miércoles, atribuye esta investigación judicial a un "ataque político" orquestado dentro del propio Partido Popular para retirar de la Alcaldía de la ciudad a José Torres Hurtado.

"Esto es una guerra política del PP para quitar al alcalde. ¿Y yo aquí qué pinto?", se preguntaba ayer en declaraciones a este periódico el empresario granadino, quien lleva más de una década denunciando públicamente y en los tribunales el supuesto "maltrato" que ha recibido del Ayuntamiento de Granada. "Si todo el mundo sabe que no hay buena relación... Al alcalde, si lo veo, lo saludo: Hola y adiós, y nada más. Y con Nieto, ni el saludo, aunque la verdad es que no la suelo ver", explicaba el constructor durante una entrevista telefónica.

Julián Romero se considera una "víctima" de la "guerra" que a su juicio hay dentro del PP y en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, donde asegura que hay "dos bandos", uno más próximo al alcalde y otro al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez. El informe y el testimonio clave que provocó la apertura de la investigación de uno de los casos relacionados con éste, el del Serrallo, corresponde al anterior director de Urbanismo, Jacabo de la Rosa, que del Ayuntamiento pasó a la Diputación provincial durante los años de presidencia de esta institución de Sebastián Pérez.

Según el promotor, esa "batalla" política con ramificación en Urbanismo es el origen de otros procesos judiciales que ya se han seguido en esta ciudad, aunque sin resultados condenatorios, como el caso del Cerrillo de Maracena, donde el alcalde llegó a estar imputado por un supuesto delito de prevaricación que el Juzgado archivó finalmente. "Aunque en aquel caso la querella llegó desde el PSOE, el origen es una filtración" que el empresario atribuye al entorno del presidente del Partido Popular en Granada con el fin de debilitar a Torres Hurtado.

El organigrama de Urbanismo está dividido en varias jefaturas, Urbanismo, Obras y Licencias, aunque esta última ahora depende de Medio Ambiente. Estos altos cargos que forman la cúpula de Urbanismo también fueron detenidos en la operación policial desarrollada esta semana. Según José Julián Romero, la división interna es conocida en la ciudad: "Cuando Licencias dice una cosa, Planeamiento dice la contraria". No obstante, el promotor aseguró ayer que él lleva muchos años sin ir al Ayuntamiento ni al área de Urbanismo.

Entre los altos cargos detenidos esta semana está Manuel Lorente, director técnico de Obras. Este funcionario, que durante muchos años ha dirigido el Urbanismo en la ciudad, y el empresario José Julián Romero mantuvieron también durante mucho tiempo una estrecha relación de amistad, reconocida por el propio empresario, pero que les llevó a ser denunciados por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Entre 2007 y 2008 hubo una investigación judicial que afectaba directamente al funcionario y al promotor a raíz de una denuncia del empresario Carlos Marsá, que contrató a una agencia de detectives para que siguiera a los dos denunciados durante una viaje que hicieron juntos al Mundial de Baloncesto de Japón. En ese proceso se investigaron las relaciones entre Julián Romero y Lorente para tratar de esclarecer si pudo haber algún tipo de trato de favor en sus negocios a cambio de dádivas, como el propio viaje. Pero el juez no encontró delito y archivó la investigación, aunque matizó que esa relación era "socialmente sospechosa". Julián Romero dijo ayer al respecto que comprendía que "no es correcto" que se le viera con el gerente de Urbanismo, "pero cada uno se pagó lo suyo".

El empresario, que ahora vuelve a estar implicado (se encuentra en libertad con cargos) junto a Lorente, el alcalde, la concejal de Urbanismo y otras 12 personas más en una investigación judicial por supuesta corrupción urbanística en la ciudad, declaró ayer a Granada Hoy que ya esclareció en aquel otro proceso que su relación con Lorente solo era de "amistad" y además ya no hay conexión alguna entre ambos. "Yo no he vuelto a tener ninguna relación con Lorente desde la investigación del viaje a Japón", aseguró ayer el promotor granadino, quien sostiene también que no sabe si Lorente "ve o no los expedientes" relacionados con sus empresas y actividades urbanísticas, como sospechaban algunos de los denunciantes que pusieron en conocimiento de la Fiscalía la operación llevada a cabo en Casería de San Jerónimo y la construcción allí de la promoción inmobiliaria Ciudad de la Luz.

Respecto a los dirigentes políticos del Ayuntamiento, José Julián Romero recuerda que incluso ha llegado a querellarse contra algunos, como Isabel Nieto, por un supuesto daño a sus intereses. "El Ayuntamiento ha sido mi enemigo durante los últimos 8 o 10 años, así que ¿cómo va a haber connivencia?", agregó este conocido promotor, responsable de construcciones tan emblemáticas como la urbanización de Los Cármenes.

En el caso de la denuncia por las 300 viviendas de Ciudad de la Luz (promoción próxima a Kinépolis), objeto de una de las dos querellas de la Fiscalía que ha dado lugar a las últimas detenciones y registros, el promotor asegura que la empresa con la que ha gestionado este Plan Parcial, Casería San Jerónimo, está en "la ruina" por dos motivos: "La crisis y la actitud del Ayuntamiento".

Durante las horas de la detención en su domicilio y el registro en su oficina, la Policía se llevó una serie de expedientes de distintas operaciones urbanísticas, entre las que está la de Casería San Jerónimo. En este caso se ha denunciado que las obras de urbanización no se terminaron, salvo en la parte que corresponde a la promoción de Julián Romero, sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas al respecto, y además se hizo un desvío del río Beiro que podría no ser legal. "Me obligaron a hacer muchas cosas para obtener la licencia de primera ocupación de las viviendas", declaró ayer el promotor, en relación a los responsables municipales. Entre esas "condiciones" de las que habla el promotor estaba la construcción del barranco con el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y "una rotonda que no estaba en el Plan General". Respecto a las obras de urbanización, el promotor reconoce que hubo "errores".

El resto de documentos que le pidieron en el registro fueron los del Cerrillo de Maracena (ya investigado en otro proceso judicial) y una serie de justificantes de pago de coches vendidos a Manuel Lorente por el concesionario BMW cuando era propiedad de Julián Romero. Estos últimos documentos no los tenía localizados el día del registro porque, según el empresario, ya los aportó a la investigación sobre su viaje a Japón con Lorente.

Todos estos argumentos tendrá que aportarlos ante la juez de Instrucción número 2 de Granada el próximo mes de mayo cuando acuda a su cita para prestar declaración, como está previsto que lo hagan también en esos días el resto de los detenidos de la Operación Nazarí.