El que fuera secretario de la Fundación García Lorca hasta 2015, Juan Tomás Martín, se sienta hoy en el banquillo acusado de estafar 1.818.322,84 de euros tras alterar en su beneficio los honorarios profesionales que estaban recogidos en el contrato firmado con la entidad. Ante ello, la Fiscalía pide para el acusado cinco años de prisión por un delito continuado de estafa por unos hechos que serán juzgados por el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia madrileña.

En su escrito de acusación, el fiscal relata que el acusado, actuando como administrador de la sociedad mercantil Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento S. L., firmó un contrato de prestación de servicios con la Fundación Cultural Federico García Lorca. Este acuerdo preveía que Martín prestara un servicio de asesoramiento técnico y una coordinación estratégica para el proyecto 'Centro Federico García Lorca'.

Los honorarios por su trabajo se fijaron en el 4% sobre el total de las ayudas aprobadas para realización del proyecto. Posteriormente, el acusado modificó los términos del acuerdo y los elevó hasta el 15% respecto de las ayudas aprobadas. Incluso añadió un párrafo que decía literalmente: "Asimismo, en caso de que Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento realice otras actividades no comprendidas en el presente contrato, ésta presentará sus correspondiente factura que deberá ser abonada en el mismo términos que los establecidos en el presente acuerdo".

La Fundación Lorca recibió de distintas instituciones una subvención total por alrededor de 19.000.000 euros por lo que, según el contrato firmado, hubiera tenido que percibir 748.465,60 euros si se aplicara el porcentaje del 4 por ciento. Sin embargo, Martín facturó "indebidamente" a la Fundación 2.566.788,44 euros, esto es, la cantidad de dinero equivalente a la aplicación del 15 por ciento de las ayudas recibidas. La Fiscalía sostiene que el acusado incorporó indebidamente a su patrimonio 1.818.322,84 euros a través de las facturas emitidas por la sociedad de la que era administrador con cargo a la Fundación.

Dicha cantidad de dinero fue abonada por la Fundación al acusado "en la creencia de que correspondían con los honorarios estipulados en el contrato (...) habiendo realizado el acusado las transferencias para abonar las facturas, abusando de la confianza que la Fundación tenía depositada en él".