Jesús rodríguez alcázar. juez decano de granada

"En el caso Juana Rivas ha habido una gran irresponsabilidad de dirigentes políticos"

  • El representante de los jueces de la capital desvela el malestar de sus colegas por la escasez de medios para trabajar día a día y el reciente cuestionamiento de sus resoluciones

El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar. El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar.

El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar.

Este joven magistrado (43 años) acaba de renovar la confianza de sus compañeros, jueces y magistrados del partido judicial de la capital granadina, para continuar cuatro años más como decano. Su cariz afable y la cercanía que transmite no le restan contundencia cuando llega el momento de reivindicar mejoras y criticar las carencias que sufre la Justicia. Compatibiliza esta labor con la titularidad del primer Juzgado de lo Social, donde conoce de primera mano la saturación y la sobrecarga de trabajo.

-Durante sus cuatro años como decano ha pasado una complicada etapa de crisis, ¿le han quedado ganas de continuar?

-Hemos atravesado cuatro años bastante complicados, por la falta de medios, cada vez mayor, y eso hace que tengamos que lidiar con situaciones más difíciles para que esto siga funcionando. Pero mi experiencia es positiva; al menos cuatro años más sí me apetecía continuar, no estoy tan cansado.

-Los juzgados granadinos acumulan miles de asuntos pendientes, aunque parece que hay una tendencia a decrecer. ¿Cuál es la radiografía en la capital?

-Es variable según jurisdicciones. Es posible que haya habido cierto descenso, condicionado por la disminución de la crisis, y eso se puede notar algo en Primera Instancia y en lo Contencioso. Pero luego hay juzgados que siguen con el atasco. En los juzgados de Familia se puede decir que hay un atasco estructural, porque no son suficientes los 3 que hay. En los de lo Social existe un atasco desde que comenzó la crisis que a día de hoy no se ha solucionado porque la entrada de asuntos sigue siendo similar a la de los peores años de la crisis. En general, la mayoría de los juzgados estamos mal, lo que pasa es que algunos estamos peor, como Familia y Social .

-El Gobierno anuncia nuevos juzgados. En Granada solo se abriría uno en Santa Fe. Se ha pedido otro de Primera Instancia en la capital, ¿pero hay otras prioridades?

-Un juzgado de Primera Instancia es muy necesario también. El decreto de creación de nuevos juzgados es una vergüenza, porque llevamos muchos años en los que apenas se han creado en el país, y la necesidad es tan acuciante en tantos sitios que anunciar que se va a crear en la provincia un juzgado, la verdad, es un chiste. La situación de Santa Fe es extremadamente grave, pero en Granada harían falta un par de juzgados en lo Social, uno nuevo de Familia, un par de Primera Instancia o el juzgado de lo Mercantil. Que se cree uno en toda la provincia, no da para solucionar nada.

-Ustedes han planteado otras soluciones además de la creación de nuevos juzgados...

-El problema es que llevamos años planteando que tiene que haber un cambio en la organización, para pasar del modelo del siglo XIX de juzgados unipersonales a unos tribunales de instancia, que sería mucho más eficaz, más versátil, y permitiría una respuesta mucho mejor con poca inversión. De ese modo, todos los jueces ahora unipersonales, estaríamos integrados en un órgano mayor en el que la distribución de trabajo se haría de forma equitativa y con una plantilla de funcionarios común. Parece una solución bastante más razonable. Pero ni se han creado los tribunales de instancia ni se han seguido creando los juzgados que hacían falta todos estos años. Hay unas necesidades tremendas. Lo poco que se ha anunciado no sirve para nada. También hace falta que se convoquen plazas de oposiciones suficientes para que haya nuevos jueces. Las convocatorias de oposiciones son muy pequeñas, que no dan para poder ir supliendo a los compañeros que dejan la carrera.

-¿Tampoco ayuda la dispersión?

-Hemos llegado a un momento en el que no hace falta que exista un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en todos los rincones de la provincia.

-En Granada tenemos el ejemplo de Santa Fe, que está a muy pocos kilómetros...

-La creación del partido judicial de Santa Fe en realidad no fue positiva para sus propios ciudadanos, porque si esos juzgados estuvieran en Granada capital, la distancia es pequeña y la carga de trabajo sería más razonable para unos y para otros.

-¿La reciente especialización de los juzgados para las cláusulas suelo parece que va justo en la dirección opuesta?

-Por desgracia, los datos demuestran que se está cumpliendo lo que dijimos. Estaba claramente abocado al fracaso. Ese juzgado está prácticamente ya atascado y eso va a suponer que los juicios que se tienen que celebrar se van a dilatar en el tiempo y acabarán celebrándose dentro de años, posiblemente. Lo peor es que esto es algo de lo que ya avisamos las asociaciones judiciales, los jueces decanos, las asociaciones de consumidores, los colegios de abogados y todo el mundo. Pero por parte del Consejo (CGPJ) no se entró en razón, decidieron que esto tenía que ser de esta forma y al final el perjuicio va a ser para los ciudadanos. A veces se adoptan decisiones por parte del Ministerio y del CGPJ que son realmente inexplicables, porque en este caso los únicos que van a salir beneficiados con la creación de este juzgado 9bis son las propias entidades bancarias. En lugar de tener una sentencia en un plazo corto que les condene a pagar determinadas cantidades al consumidor, van a ver como esos pagos los van a poder dilatar durante años porque antes no van a resolverse estos litigios.

-El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha llamado esta semana la atención a la sociedad para exigir un respeto a las resoluciones judiciales. En la mente de todos estaba el tema de Juana Rivas. ¿Cree que se ha abierto una brecha entre el mundo judicial y la sociedad?

-No creo que haya esa brecha, creo que lo que sí se ha producido por parte de dirigentes políticos de primer orden son manifestaciones de una gran irresponsabilidad. Deberían reflexionar sobre su papel en polémicas de este tipo. Tal vez hubiese sido un buen momento para que, a parte de las resoluciones judiciales que dictamos, por parte de los poderes públicos también se hubiese intentado hacer cierta pedagogía y explicar a la ciudadanía por qué se adoptan determinadas decisiones, en lugar de subirse a determinados carros que parece que pueden traer otros beneficios. En este caso, realmente se ha dado una situación bastante grave. hemos tenido un procedimiento en el que la juez ha tenido que escuchar a las dos partes, han intervenido sus letrados, han propuesto y se han practicado pruebas, se ha escuchado al equipo de psicólogos, ha intervenido la Fiscalía, la Abogacía del Estado... Con todos esos elementos la juez ha dictado una resolución y ha sido objeto de revisión por parte de otros tres magistrados de la Audiencia Provincial. Es un proceso en el que se han dado todas las garantías posibles y al final de todo eso y a la vista de todos los elementos que había se ha adoptado una decisión. Esa decisión debe ser respetada. Hubo un momento en el que prácticamente se estaba pidiendo a los jueces que no ejecutaran resoluciones firmes, cuando es algo que nos impone la Constitución. Se estaban pidiendo unas cosas que no eran posibles de ningún modo. También ha habido momentos en los que se ha puesto en duda la formación de los jueces que han intervenido. Yo confío plenamente en la profesionalidad, en la formación y la experiencia tanto de la juez como de los magistrados que luego revisaron la resolución en la AP. Tampoco es razonable poner en duda eso. Su capacitación y experiencia está fuera de toda duda.

-¿Hay pesimismo, malestar o, incluso, enfado entre los jueces?

-Es algo que se viene arrastrando mucho tiempo, pero ahora existe una situación de gran malestar por parte de los jueces. No ya en relación a este asunto concreto, si no en general con la situación de la justicia. Se ha elaborado un plan de 14 puntos en el que que se recoge una tabla reivindicativa, apoyada por casi todas las juntas de jueces de este país, y se ha planteado al CGPJ o al Ministerio de Justicia. Ha llegado a tal punto al situación de hartazgo que lo que estamos planteándonos muy seriamente es que estamos dispuestos a adoptar las medidas de conflicto que sean necesarias, y si incluso tenemos que ir a la huelga, iremos a la huelga. La situación de malestar es muy, muy grande.

-¿Cuáles son las principales reivindicaciones?

-Por un lado, la independencia judicial. Planteamos que los jueces elijamos a los vocales del CGPJ, puesto que la experiencia de los últimos años revela que los sucesivos gobiernos intentan meter sus manos dentro de la Justicia. Pensamos que hay que hacer una reforma profunda del sistema de elección de cargos judiciales. Otro grupo de medidas van dirigidas a la mejora de la Justicia en general: aumento del número de jueces, reformas serias en la mayoría de los edificios, una inversión en condiciones que permita adaptar la Justicia a las nuevas tecnologías. Se ha hecho mucha propaganda con el papel cero, pero a día de hoy los juzgados estamos imprimiendo más papel que nunca. No acaba de implantarse y no tenemos herramientas adecuadas para poder trabajar con expedientes digitales. También necesitamos que agilicen los procesos judiciales, y no meros anuncios y propaganda, como la limitación de la instrucción a 6 meses, que no ha servido para nada.

-En los últimos años en Granada se han abierto varios asuntos importantes relacionados con la corrupción. Los investigados se han quejado mucho de la demora de esa fase de instrucción...

-Los jueces decanos llevamos años planteando medidas para agilizar los procesos penales, algunas de ellas sin coste para la administración, y no se nos ha escuchado. Es especialmente sangrante que sean responsables políticos los que se quejen de la larga instrucción de los procesos penales cuando precisamente ha dependido de ellos el establecer reformas para mejorar la situación de los juzgados y del proceso penal. Cuando eso ha afectado a miles de ciudadanos parece que les ha dado igual, pero cuando les afecta a ellos, entonces se acuerdan de que la instrucción es muy larga. Hay que irse un paso antes. Hay que establecer mecanismos de control dentro de las propias administraciones para evitar que se produzcan los desaguisados de los últimos años, ahí debe haber un mecanismo de control fuerte. Eso dependerá de los políticos, si quieren o no establecerlos. Con los procedimientos que ya llegan al ámbito penal tenemos varios problemas: la escasez de juzgados, un proceso penal anticuado que viene del siglo XIX y la tardanza de las prácticas de prueba que solicitan los jueces de instrucción. Su elaboración depende de distintas administraciones (Policía, Hacienda, Inspección de Trabajo...) Son organismos que también están saturados y que no disponen de medios suficientes para realizar esos informes en un tiempo razonable. Y eso es lo que provoca que en ocasiones las instrucciones se dilaten en el tiempo, pendientes de informes que tardan años. Mientras no se aborde seriamente el atajar esos problemas, el proceso penal seguirá siendo lento, por mucho que un ministro de justicia haga un norma que diga que los procesos van a durar 6 meses.

-La Fiscalía pide asumir la instrucción judicial, ¿está garantizada su necesaria independencia?

-Yo creo que con el actual modelo de Fiscalía no, en absoluto. Los fiscales tienen experiencia, formación y capacidad para llevar a cabo la instrucción igual que un juez, pero no con la actual organización. La actual jerarquía, dependiente del Gobierno, impide que se pueda percibir a la Fiscalía con la independencia necesaria como para poder afrontar causas de corrupción de este tipo. En los últimos meses hemos visto posiciones de la Fiscalía en asuntos concretos que eran dificilmente explicables. Haría falta una reforma profunda.

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