La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han opuesto al recurso presentado por Juana Rivas contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que le obliga a la "inmediata restitución" de sus dos hijos a Italia con su padre, condenado en 2009 por maltratarla.

De este modo, ambas partes mantienen su planteamiento de que se cumpla la resolución judicial y los menores regresen con su padre, según lamenta Francisca Granados, responsable del Centro de la Mujer de Maracena donde Juana está siendo asesorada. En su recurso, esta mujer víctima de violencia de género reclama que un equipo especializado reconozca a los menores y valore de nuevo su caso al atender que no se ha aplicado la normativa vigente en violencia de género ni las últimas reformas legales vinculados al estatuto de la víctima.

Tras el pronunciamiento del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, el asunto será elevado a la Audiencia Provincial de Granada, que "tiene un plazo de veinte días para resolver". Granados lamenta la postura de las partes, especialmente de la Fiscalía por entender que "debe velar por la protección de los menores" y ha avanzado que agotarán la vía judicial, solicitando si es necesario un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por existir en este caso "una vulneración clara de los derechos básicos de la madre y de los niños".

De forma paralela, prevén iniciar movilizaciones y acciones "en el plano político" frente a lo que consideran una "injusticia". La petición colgada en la plataforma 'Change.org' reclamando que se evite que Juana tenga que entregar los menores a su padre ya ha cosechado más de 111.000 firmas virtuales, que se suman a las que se están recabando de forma física en distintos puntos del país.

En la petición se expone que Juana Rivas "tuvo que escapar en el mes de mayo de la isla italiana Carloforte, en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos" por estar "sometida a una situación insostenible de violencia psicológica y física". Los menores, de 2 y 10 años, "han sido testigos de todo ese dolor".

El padre, según agrega el escrito, ha utilizado el procedimiento de la Convención de La Haya que "estima sustracción ilícita de menores cuando se trasladan de un lugar a otro país sin el consentimiento o autorización de uno de los progenitores". Así, la solicitud de la mujer de Maracena agrega que tanto ella como sus dos hijos "están en grave peligro".