El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Jesús Huertas, replicó ayer al alcalde, José Torres Hurtado (PP), que la Junta sólo aceptará propuestas de crecimiento compatibles con la protección legal de la Vega.

Al hilo de las críticas vertidas por los constructores al nuevo PGOU, que consideran "restrictivo" por prever únicamente 20.000 nuevas viviendas en los próximos diez años, el alcalde ha pedido a la Junta que haga una ordenación urbanística de la Vega "justa" que evite que unos municipios puedan hacer uso de ella mientras que otros no, como a su juicio ocurre.

Huertas precisó que la Junta no se opone al crecimiento de Granada, pero éste "debe ser ordenado y sostenible para hacerlo compatible con las determinaciones de protección establecidas en el POTAUG -Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana".

El POTAUG, agregó, es una normativa supramunicipal superior al PGOU de Granada y "de obligado cumplimiento para todos los municipios del Área Metropolitana".

El delegado recordó también que este documento fue fruto de un pacto consensuado y aprobado por todos los municipios del Cinturón metropolitano, incluida la capital.

Huertas, para quien "en el urbanismo no todo vale", aseguró que la Junta velará por que los crecimientos sean "de calidad" y puedan resolver "no sólo la construcción de viviendas, sino también cuestiones esenciales como la movilidad o la localización de equipamientos públicos en coherencia con el desarrollo del Área Metropolitana".

Para el delegado de la Junta, el hecho de que el alcalde de Granada "se alinee con la opinión sectorial de promotores y constructores es una legítima postura que no debe prevalecer sobre otros intereses", especialmente, dijo, sobre el interés general del ciudadano para que el PGOU "resuelva las necesidades de vivienda, sobre todo la asequible, y las mejoras en las dotaciones de equipamientos públicos".

Por ello, indicó que el Ayuntamiento debe presentar un documento de revisión del PGOU "respetuoso con la normativa legal del POTA" y compatible con la protección de los usos del POTAUG.

También se refirió al PGOU y al polémico planteamiento sobre la Vega la portavoz municipal de IU, Lola Ruiz, que exigió al alcalde que defienda el interés general frente al de los constructores. La apreciación de éstos respecto a que el PGOU es restrictivo está "fuera de toda lógica", según IU, ya que el documento plantea la construcción de más de 17.000 viviendas en una ciudad que ve año tras año como pierde población.