La Junta no ha justificado una inversión europea en Castril

  • Un juzgado ha requerido sin éxito en los últimos seis meses al Gobierno andaluz certificados acreditativos de la ejecución de 62 proyectos en el parque natural

La Junta de Andalucía no ha aportado, seis meses después de que recibiera el primer requerimiento del juez, los certificados acreditativos de la inversión de 18 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión europeos en el Parque Natural de Castril. El juzgado de instrucción número 8 de Granada solicitó los documentos el pasado 23 de julio y los reiteró el 9 de octubre. Rafael Aibar, el propietario de una de las fincas, está convencido de que la Junta de Andalucía percibió pero no ejecutó la subvención europea. Aibar presentó una querella por un presunto delito de malversación de caudales, falsedad contra la Administración y falsificación contra los ex delegados de Medio Ambiente de Granada, Gerardo Sánchez y Manuel Chirosa que fue admitida a trámite el pasado mes de julio.

Aibar y los propietarios de las restantes fincas han reclamado desde hace años a la Junta de Andalucía en numerosas ocasiones que justifique las hipotéticas inversiones hechas en el monte con cargo a los fondos comunitarios. El pasado mes de julio, tras la admisión a trámite de la querella, el juez reclamó a la Intervención General de la Junta un informe y un certificado "de las cantidades recibidas en concepto de subvención a cargo de fondos europeos" entre 2000 y 2006 para proyectos relacionados con el parque de Castril.

El juez solicitó al mismo tiempo a la Dirección de Fondos Europeos de la Consejería de Economía documentación de los proyectos de la UE ejecutados en Castril y de su "efectiva ejecución e inversión". Ante la falta de respuesta el juzgado emitió el 8 de octubre una nueva providencia en la que reclama el "urgente cumplimiento" de las peticiones hechas tres en julio a la Junta de Andalucía.

El silencio mantenido hasta ahora por la Administración contrasta con la contundencia con que la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, se expresó en una comparecencia parlamentaria el 15 de febrero de 2006 . La consejera dijo entonces, a preguntas del PP, de que disponía de los "proyectos" ejecutados en el parque de Castril y que los pondría a disposición de quien los reclamara.

Según Aibar, los proyectos supuestamente ejecutados y financiados por la Unión Europea en Castril en los últimos cinco años son 62, por un importe global de 18 millones de euros. De esos 62 proyectos, unos veinte corresponden a su finca por importe de nueve millones. Un ingeniero agrónomo certificó en 2005 a petición de Aibar que en los "últimos 15 o 20 años" no se había producido ninguna intervención en las fincas.

Rafael Aibar, que mantiene una larguísima disputa personal con Gerardo Sánchez, tan tensa que el actual alcalde de Armilla lo denunció ante el fiscal por acoso hace varios meses, ha pedido al juez, entre otras pruebas, que reclame a la Junta también los proyectos ejecutados en el parque a los cuales la consejera hizo referencia en su intervención en el Parlamento andaluz. El juez no ha dado curso a la petición.

La Unión Europea no emite certificaciones sobre los proyectos que financia. Corresponde, en este caso, a la comunidad autónoma de Andalucía el deber de certificar ante Bruselas el destino de las ayudas recibidas.

La querella en trámite también hace referencia a otro de los episodios del inacabable pleito entre Aibar y Medio Ambiente. La Junta de Andalucía modificó el 11 de abril de 2005, mediante el decreto de aprobación del plan de ordenación de recursos naturales y el plan rector de uso y gestión del Parque Natural de Castril, el grado de protección de la finca de Aibar, que pasó de tener una categoría baja o moderada (denominada en la jerga burocrática b-2 y b-3) a la máxima. En la práctica, el cambio de nivel determinó numerosas limitaciones sobre la propiedad.

La modificación del grado de protección se adoptó un mes después de que la Audiencia de Granada hubiera puesto el punto final al litigio sobre la propiedad de la finca y hubiera determinado que pertenecía a unos particulares y no al Ayuntamiento de Castril ni a la Junta de Andalucía. Aibar considera que la Junta actuó de mala fe al aumentar la protección sobre unos terrenos del parque que en ese momento, según sentencia, no eran suyos.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios