Granada

La Junta señala que las sentencias penales "hicieron imposible" la apertura del centro

  • El Gobierno andaluz recurrirá el fallo ante el Supremo al estar "en total desacuerdo"

La reacción de la Junta de Andalucía ante una sentencia que la condena a pagar una cuantiosa indemnización a Tomás Olivo no se hizo esperar. En un escueto comunicado, la Delegación del Gobierno de Granada anunció que recurrirá en el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un pronunciamiento que respeta -como todas las decisiones judiciales-, pero con el que está "en total desacuerdo".

La Junta explicó que interpondrá un recurso de casación ante el Supremo -el plazo que establece la sentencia del Alto Tribunal andaluz es de 30 días-, al no compartir el fallo, que le obliga a pagar una indemnización de 165 millones de euros por las pérdidas económicas que ocasionó la paralización de las obras del centro comercial Nevada durante años.

La administración autonómica asegura que el lucro cesante sigue sin estar acreditado

A juicio del Gobierno andaluz, la sentencia del TSJA, al igual que el fallo inicial que fue objeto de recurso, no tiene en cuenta la incidencia que tuvo el procedimiento por vía penal (del que no formaba parte la administración autonómica) , y que supuso la paralización de las obras, la demolición parcial de lo construido y una condena penal al promotor.

La Junta de Andalucía mantiene que las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial de Granada (dictadas en 2010 y 2011, respectivamente) "no son ajenas a la paralización de las obras", sino que, por el contrario, "hicieron imposible" la apertura del centro comercial de Armilla.

La Junta considera también que el lucro cesante sigue sin estar suficientemente acreditado y no está conforme con el incremento que contiene la sentencia, ya que la indemnización que fijó el Juzgado de lo Contencioso 1 de Granada en julio del año pasado era de 157,41 millones en concepto de daño emergente y lucro cesante.

"La Junta ha actuado siempre en el ejercicio de sus competencias y en defensa de la legalidad, avalada por informes técnicos y jurídicos, como lo demuestran otras sentencias anteriores", concluye el comunicado.

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