La Justicia rechaza la deuda que la ciudad reclama al Estado por el IAE

  • El Ayuntamiento ya ha recurrido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anula las previsiones que el Ayuntamiento ha mantenido en los últimos años de recibir más de 15 millones

La Justicia ha resuelto el conflicto de la deuda del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en la ciudad con una decisión que da al traste con las previsiones del Ayuntamiento de Granada de ingresar unos 15 millones de euros y con cualquier esperanza que los ciudadanos pudieran tener de obtener la devolución de parte del IBI que pagaron en 2005, el año de la gran subida.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso que el Ayuntamiento de Granada presentó contra el Estado por la transferencia en 2003 de 4,5 millones de euros menos de los esperados a cuenta de la contraprestación a la que se había comprometido el Gobierno central tras suprimir a los municipios parte del cobro del IAE. La cantidad recibida fue de unos 8 millones de euros, cuando la capital esperaba más de 12 millones.

Este desfase entre el dinero reclamado por el Ayuntamiento y el ingresado en realidad por el Estado se siguió manteniendo en años sucesivos en las previsiones de ingresos que el municipio hacía en sus presupuestos anuales. Por tanto, el desequilibrio entre lo previsto y lo que el Gobierno pagará es de unos 15 millones de euros entre 2003, 2004 y 2005.

Aunque no se trata de una sentencia firme y ésta acaba de ser recurrida por el Ayuntamiento, los términos en los que se expresa la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid no dejan lugar a demasiadas dudas. Para el Tribunal, la fórmula empleada por el Ministerio de Economía para calcular la cantidad a pagar por la compensación de la supresión del IAE se ajusta por completo a la ley y no hay lugar a otra interpretación, dado que el Estado utilizó las propias cifras aportadas por el propio Ayuntamiento.

La diferencia de criterio entre el Ministerio y el municipio es que el primero hace el cálculo basándose en las cifras realmente recaudadas por el Ayuntamiento a cuenta del IAE de 2003, mientras que el gobierno local se sustenta en las previsiones de ingresos de ese mismo año.

Para el alto tribunal la resolución recurrida "han seguido rigurosamente el sistema de cálculo de compensación de pérdidas" establecido en la ley y, como recuerda la sentencia, pactado con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Si tras el recurso de casación se confirma esta sentencia, el Ayuntamiento se encontrará con un agujero importante al haber previsto en sus presupuestos de los últimos años los ingresos que ahora rechazan los tribunales.

Además, el gobierno local del PP se comprometió a devolver la subida de casi el 30% del IBI impuesta en 2005 si el Estado terminaba por pagar las cantidades del IAE que reclamaba el municipio. Por el momento, esto no ocurrirá.

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