Granada

Lorente y Arrabal vuelven al Juzgado para responder por fraude y malversación

  • La jueza del caso Serrallo tomará declaración a 6 de los 17 imputados por los supuestos perjuicios económicos a la ciudad

La investigación del caso Serrallo afronta su previsible recta final con una nueva tanda de declaraciones, que se llevarán a cabo entre hoy y el jueves en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital. El empresario Roberto García Arrabal, constructor del centro comercial y la discoteca; así como algunos de los que fueron máximos responsables de la gestión urbanística de la ciudad, tendrán que responder ante la jueza por los posibles delitos derivados del último informe pericial aportado. Se les imputa malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

De las 17 personas que actualmente figuran como investigadas en estas causa, 6 tendrán que volver a declarar a partir de esta mañana para responder sobre los nuevos hechos presuntamente delictivos relacionados con la liquidación económica del proceso de construcción del Serrallo.

Los investigadores policiales ya apuntaron en 2016 posibles perjuicios económicos para la ciudad como consecuencia del modo en que se ejecutaron y liquidaron el convenio del Plan Parcial del Serrallo y la urbanización de los espacios libres donde se construyó una discoteca. El informe pericial que han realizado los inspectores de la Junta de Andalucía para cotejar esas primeras conclusiones policiales ha determinado que se produjeron irregularidades en todo ese proceso urbanístico.

Según las conclusiones de ese informe aportado en septiembre pasado, el promotor privado se habría ahorrado alrededor de 300.000 euros que correspondían a la ciudad, con el consentimiento de los responsables municipales. Éstos acordaron levantar las cargas registrales de la parcela sin que se hubiera aprobado la preceptiva liquidación, que es la forma legal de establecer con claridad las cuentas de un plan parcial una vez ejecutado. El Ayuntamiento admitió que el promotor compensara pagos al municipio mediante la ejecución de obras, lo que la Junta también considera una irregularidad, por el precio en el que se valoraron y por la imposibilidad de garantizar la libre concurrencia de empresas a esos trabajos.

A la vista de ese informe, la jueza instructora del caso, María Ángeles Jiménez, ordenó estas nuevas declaraciones para que los principales investigados puedan responder sobre esas supuestas irregularidades. Para hoy está prevista la comparecencia en sede judicial del empresario, del que fue gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y del excoordinador general del área, Agustín Belda.

El jueves están citados las que fueron concejal y directora de Urbanismo, Isabel Nieto y María Paz Spínola, y el interventor municipal. Los citados ya han comparecido ante la jueza en anteriores ocasiones desde la apertura de estas diligencias en 2014.

La jueza ya estuvo a punto de cerrar esta fase de instrucción en enero de este año, cuando llegó a firmar un auto que abría el camino para la celebración de juicio, a la vista de los posibles hechos delictivos detectados. Pero en atención a varios recursos, la investigación se ha mantenido todo este año y se ha ampliado, pues la jueza imputó también a los miembros de la junta de gobierno local y al exalcalde, José Torres Hurtado.

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