Justicia | memoria de actividad de los órganos judiciales en Andalucía

Lorenzo del Río: "Trasladar las secciones es una decisión prematura e injustificada"

  • Avalancha de reacciones institucionales contra el traslado a Málaga y Sevilla acordado por la sala de gobierno

  • Del Río achaca la decisión a intereses locales y asegura que responde a criterios objetivos

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria de actividades de 2016.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria de actividades de 2016. / maría de la cruz

En la 'calle' no se piensa lo mismo que en el interior de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Si el pasado martes el pleno del alto tribunal andaluz aprobó por amplia mayoría el desplazamiento de las dos nuevas secciones penales a Sevilla y Málaga, ayer las instituciones granadinas clamaron de forma unánime contra una decisión que deja en evidencia la posición de la ciudad como capital judicial de Andalucía. De hecho, en el propio seno del TSJA hay una importante 'disidencia': el presidente, Lorenzo del Río, ya emitió un voto particular el martes en contra de la dispersión de secciones, al que se adhirieron otros tres miembros de la sala de Gobierno del tribunal.

Del Río justificó ayer su postura durante la presentación de la memoria de actividades de 2016. El presidente del alto tribunal andaluz rechazó entrar en debates territoriales y localistas, y aseguró que sus motivos responden a criterios estrictamente "objetivos" y de operatividad. "No veo ahora mismo circunstancias objetivas que justifiquen esta decisión", aseguró Lorenzo del Río, que apuntó que cualquier desplazamiento de secciones deje justificarse en la búsqueda de una mejor administración de justicia o en la sobrecarga de trabajo, algo que en este caso, de momento, no se cumple. La decisión, según el presidente del alto tribunal andaluz, es "injustificada y prematura" y no responde más que a "lógicas e intereses de carácter local", ya que no cubre "necesidades reales de organización judicial y de recursos".

Del Río se desmarca de localismos y señala que no hay criterios objetivos que avalen la medida

Lo ideal, apuntó Del Río, sería una puesta en marcha escalonada en función de la entrada de asuntos. Su propuesta pasa por constituir esas nuevas secciones de apelación en Granada, en el seno de la Sala Civil y Penal, y hacerlo con un "mínimo refuerzo", frente al gasto que acarrearía el traslado de las secciones fuera de Granada, tanto en infraestructuras como en personal (jueces, letrados de la administración de justicia y funcionarios). Esto posibilitaría también "una mejor organización, una mejor unidad de criterio y una mayor seguridad jurídica", en línea con el sistema colegiado de trabajo que piden desde el Alto Tribunal.

La categórica opinión de Lorenzo del Río no fue la única que salió ayer de las instituciones granadinas. Tanto la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento y la Diputación Provincial entraron de lleno en un asunto que a su juicio compromete la capitalidad judicial.

La delegada del Gobierno, Sandra García, aseguró sentirse sorprendida por la decisión del TSJA, que es contraria a lo establecida en el capítulo cuarto del Estatuto de Autonomía. La máxima representante de la Junta de Andalucía en Granada pidió al Consejo General del Poder Judicial -que es quien debe tomar la última decisión- que "por el bien, la eficacia y la eficiencia de la Administración de Justicia en Andalucía" la sede de estas secciones se quede en la capital.

"No me imagino que estas dos secciones que también se han aprobado para otras comunidades autónomas se establezcan en otras ciudades diferentes a donde tienen establecidas las sedes de sus respectivos tribunales superiores de justicia". De esta manera, lo "lógico" es que los nuevos magistrados de las nuevas secciones "se queden" en Granada.

En el Ayuntamiento la reacción airada también fue unánime. A primera hora de la mañana el alcalde, Paco Cuenca, mostró su "frontal rechazo" a la dispersión del TSJA en su perfil de Twitter, con dos mensajes en los que lamentó la "profundamente" la decisión, que "supone un agravio" contra la capitalidad judicial. El 'cabreo' municipal trascendió las redes sociales y se extendió entre todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, que consensuaron un texto para pedirle al TSJA que las nuevas secciones tengan sede en Granada "de manera innegociable".

La declaración institucional, que será aprobada en el pleno del viernes, recuerda que el hecho de que Granada sea la capital judicial no se queda "en lo puramente enunciativo", ni es una cuestión territorial, sino que se basa en "unas profundas raíces históricas". El texto asegura que el desplazamiento de las secciones sería "un ataque frontal contra la capitalidad judicial, una violación del Estatuto de Autonomía y un agravio que Granada no puede permitir". PSOE, PP, Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida reprochan además al TSJA que haya hecho "caso omiso" al acuerdo municipal aprobado en marzo por el que ya exigieron que la creación de esas nuevas secciones no saliera de Granada.

La defensa a ultranza de capitalidad judicial granadina continuó en la Diputación, que instó al Consejo General del Poder Judicial a que atienda "una justa reivindicación" de la provincia. El presidente de la institución provincial, José Entrena, aseguró que no se puede tomar una decisión de tal calado "a espaldas del actual marco estatutario y en contra de la sociedad", por lo que reclamó al CGPJ que "sea sensible y atienda la petición unánime de instituciones, organizaciones y colegios profesionales de que Granada albergue las nueva secciones". Aunque apuntó que no están por abrir "enfrentamientos territoriales", Entrena advirtió de que la Diputación va a defender "hasta el final" la capitalidad judicial de Granada.

El PSOE provincial también se unió a las voces contrarias a la decisión del TSJA, apuntando que "el desmembramiento del TSJA dejaría vacía de contenido su sede de Granada y quebraría un acuerdo histórico". La secretaria general del PSOE, Teresa Jiménez, aseguró no entender las razones de la sala de gobierno del alto tribunal andaluz, y coincidió con Lorenzo del Río al apuntar que "no existen motivos objetivos para que se produzca el traslado que puede tener consecuencias negativas, además de suponer un agravio para Granada".

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