La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada María Francés, investigada en el juzgado por la firma de varios contratos a personas de su confianza en la empresa municipal de cementerios (Emucesa), ha enviado al juez encargado de este caso la documentación de otro asunto reciente que ella considera "similar". Se trata de la investigación, ya archivada, que llegó hasta la Audiencia Provincial por otros contratos realizados en la empresa pública Visogsa durante la etapa en la que el actual dirigente provincial del PP, Sebastián Pérez, era presidente de la Diputación.

Aquellas diligencias que se abrieron en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital (el mismo que ahora investiga el caso de TG7) fueron consecuencia de una denuncia del grupo Vamos Granada en la Diputación y de una investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía, que llegó a remitir sus conclusiones a la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas, por si pudiera afectar al presidente del PP, que entonces era senador y, por tanto, aforado.

Pero al margen de esa investigación previa de la Fiscalía, el tema tuvo un corto recorrido judicial, ya que el juez de instrucción archivó pronto la causa y la Audiencia Provincial, a la que llegó un recurso, confirmó ese sobreseimiento el año pasado. Esos dos autos son los que María Francés y el otro exconcejal investigado en el caso Emucesa, Eduardo Moral, (que comparten letrado con que casi todos los políticos del PP investigados en las recientes causas penales) ha enviado hace unos días al juez instructor, al considerar que existe "paralelismo".

Aquella investigación se centró en la contratación de 4 personas a través de la empresa pública de vivienda Visogsa entre 2011 y 2013. La denuncia destacaba que los contratos se realizaron "sin atender a los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad" y que se formalizaron a través de "una resolución de autoridad -presidente de Diputación-", "vulnerando de forma patente y clara las normas que regulan el acceso al empleo público".

Pero el asunto fue archivado por el juez al considerar que este tema estaba fuera de la jurisdicción penal y más relacionado con las normas de derecho laboral y administrativo. La clave en aquel momento fue la consideración del carácter mercantil de la sociedad contratante, que a pesar de ser pública, estaría sometida al derecho privado y su personal regido por el derecho laboral. De modo que, sin entrar en el fondo del asunto relativo a las contrataciones en sí mismas, el tema fue archivado en cuanto a su trascendencia penal.

Con este antecedente, el letrado de los concejales investigados ahora por los contratos de la empresa de cementerios de la capital (entonces íntegramente pública), expone al juez lo que considera un argumento que tiene validez para ambos casos: "sin perjuicio de que la actuación de los directivos de la empresa en materia de contratación de personal sea más o menos ética, ello no implica que sea constitutiva de infracción penal, pues no toda respuesta legal que precisen las personas para solventar sus problemas ha de ser penal".