El que fue presidente de la Diputación de Granada Antonio Martínez Caler, y la alcaldesa de Caniles, Isabel Mesas, han defendido ante el juez que concedieron licencias de obras y primera ocupación en un barrio de cuevas del municipio "siguiendo informes técnicos y de forma condicionada". Ambos están acusados de delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos continuado.

Los hechos se remontan al 2003 cuando la actual alcaldesa, que también lo era entonces, concedió licencia de obras para dos viviendas en la calle Hortensia de Caniles a las que se sumó una tercera 5 años después, consideradas las tres ilegales por no haber exigido un aval a los propietarios. El que fue presidente de la Diputación de Granada Martínez Caler concedió, también como alcalde y en 2003, una licencia de primera ocupación a un vivienda de esa misma calle.

Mesas, como alcaldesa en 2011, concedió otra licencia de primera ocupación y la también acusada María Pilar Sánchez, que era regidora en 2012, repitió la misma acción. Todas estas licencias afectaron a viviendas ubicadas en el barrio San Sebastián, una zona histórica de cuevas que tiene como instrumento urbanístico las Normas Subsidiarias y la calificación de suelo urbano.

Martínez Caler, que se enfrenta a la petición fiscal de 8 años de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de 6.000 euros, defendió que como alcalde no concedía licencias, que "eso lo hace en la Junta de Gobierno Local junto a otros tres concejales, entre ellos el de Urbanismo, la secretaria municipal y el aparejador". Aseguró que los expedientes llegaban "completos", que el que motivó su acusación no tenía condicionantes y que en la zona estaban ya "metidos" el agua, saneamiento y el alumbrado público.

La que fue alcaldesa María Pilar Sánchez recordó que cuando se tramitaron las licencias se aprobó solicitar a los vecinos un aval para garantizar obras de urbanización, lo que se les trasladó sin más "porque nadie de la mesa informó de forma contraria".

La actual alcaldesa de Caniles, que se enfrenta a la petición fiscal de tres años de prisión, otros diez de inhabilitación especial para el cargo y el pago de una multa de 7.200 euros, también subrayó que en el barrio había "agua, luz y partes de acerado" y aseguró que había "servicios básicos".