El proyecto de construcción de un teleférico entre Granada y Sierra Nevada recibió ayer un nuevo varapalo. El mayor de todos y probablemente el definitivo. Aunque todavía queda por pronunciarse la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, órgano sustantivo para la autorización de la iniciativa, sí lo ha hecho otro departamento del Gobierno autonómico, la Consejería de Medio Ambiente. Su declaración de impacto ambiental es claramente negativa.

Lo declara "inviable a efectos ambientales", además de incluir otros pasajes igualmente contundentes. "Causará un deterioro irreversible". "Provocará una perturbación permanente". "Es una amenaza que no puede ser asumida", Son tres de las frases que contiene el citado informe, que ayer fue presentado de forma oficial y también remitido a Obras Públicas para que lo valore y lo tenga en cuenta: es un informe vinculante.

La Consejería, tanto en la nota que resumía la declaración como en su posterior explicación a la prensa, quiso poner el acento en que han sido los criterios técnicos los únicos que se han tenido en cuenta. Ya lo anunció hace menos de un mes la consejera, Fuensanta Coves, y se quiso cumplir a rajatabla.

Lo cierto es que argumentos técnicos no faltaron. Expusieron tantos que hasta los agruparon: daños a la fauna, a la flora, al paisaje, a las vías pecuarias, a los montes públicos... Ningún aspecto parece habérsele escapado a la Consejería en su exhaustivo estudio.

La infraestructura, subrayan, tendría "una incidencia negativa directa en los frágiles y singulares ecosistemas" de Sierra Nevada, en lo relativo a la flora y la fauna, así como a los "importantes valores paisajísticos de este paraje". Sería una actuación "contraria" a los principios básicos de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, además de significar "una amenaza cierta para el mantenimiento de la biodiversidad y para la conservación de las especies y sus hábitats que en ningún caso puede ser asumida".

La fauna más afectada serían los 134 tipos de aves que se pueden localizar en la zona. Según el estudio de la Junta, la banda migratoria de las aves "atraviesa el valle del río Monachil y la infraestructura del teleférico".

De esos 134 tipos de aves, al menos 90 tienen allí sus nidos. Esa zona de reproducción también se vería afectada. "Supondría la pérdida del hábitat y el aumento de la mortalidad directa" de las especies, algunas especialmente protegidas, como el alimoche o el quebrantahuesos, para el que la Unión Europea ideó un plan buscando su reintroducción en Sierra Nevada. Un último riesgo sería el de que las aves pudieran impactar contra las torres o los vagones.

Habría, asimismo, al menos diez zonas con flora protegida que quedarían dañadas al abrirse caminos para instalar el teleférico. Entre las especies que correrían riesgo, Medio Ambiente destaca el narcissus nevadensis, en peligro crítico de extinción.

Otro punto al que se le dedica atención es el impacto paisajístico de la proyectada infraestructura, algo lógico puesto que tiene un recorrido de más de 19 kilómetros. La cuenca visual del trazado es de 33.000 hectáreas y su impacto sería importante "sobre paisajes tan frágiles como los picos Mulhacén, Veleta, Trevenque, Alcazaba y Caballo, la cuenca del río Monachil o las vegas bajas". El teleférico, abunda, se podría ver desde casi 37,5 kilómetros de distancia. Sería perfectamente visible en 19 kilómetros de los que componen el sendero Sulayr, el mayor de España, y desde el recinto monumental de la Alhambra y el Generalife, un punto en el que se podrían contemplar "diez pilonas del teleférico y seis kilómetros de su recorrido".

El proyecto, insiste, es incompatible con un buen número de normas de ámbito de aplicación comunitario, nacional o europeo. Recuerda, por ejemplo, que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que rige para el Parque Natural de Sierra Nevada, establece expresamente "que se deben evitar y/o minimizar los impactos paisajísticos producidos por las actividades que se pretendan desarrollar".

Lo ve imposible de casar, igualmente, con los objetivos que persiguen la Directiva Aves y la Directiva Hábitat, ambas de la Unión Europea. Y hasta trae a colación la Ley del Patrimonio Histórico Español para justificar que podría afectar al yacimiento del Cerro de la Encina, declarado Bien de Interés Cultural. En su día, la Consejería de Cultura ya se pronunció en contra del teleférico aludiendo precisamente a esa cuestión.

La declaración de impacto ambiental deja a los empresarios que apuestan por el teleférico con muy escaso margen de maniobra. El informe ahora presentado no se puede recurrir. Sí podrían poner objeciones al que aún debe emitir la Consejería de Obras Públicas y Transportes si es también desfavorable -es lo que se espera,-, pero ese eventual recurso prosperaría si los promotores demuestran que el proyecto tiene un interés social que, por ahora, casi ningún organismo oficial ha visto. La Consejería de Turismo, es cierto, vio al teleférico "compatible" con los usos turísticos de la sierra. Salvo ese apoyo, sólo han logrado el de algunos ayuntamientos, incluido el de Granada.