Un leviatán de cemento varado en la Vega. Un mamotreto de escaso valor arquitectónico y muy dudosa legalidad. Una fuente inagotable de problemas y de artículos periodísticos. Una suerte de Eldorado que daría miles de puestos de trabajo cuando más falta hacen. Un importantísimo impulso económico para Granada y su Área Metropolitana.

Todas esas frases, algunas incluso de forma textual, se han utilizado para definir al Nevada, un macroedificio situado en Armilla, proyectado hace doce años para que fuera el mayor centro comercial de Andalucía. Ahora está parado. Lleva más de dos años sin avanzar porque así lo decidió el Juzgado de Instrucción número 6, que investiga si se cometieron irregularidades de tipo urbanístico, como la invasión de suelo público o de un vial supramunicipal, el exceso de edificabilidad o de altura y la forma en la que el promotor del proyecto, Tomás Olivo, pagó al Ayuntamiento de Armilla el porcentaje correspondiente al aprovechamiento del suelo.

El caso aún está en fase de instrucción, lo que quiere decir muy lejos de solucionarse, pero mientras tanto, llama la atención que hayan empezado a surgir, desde instituciones públicas, argumentos favorables a la reanudación de las obras, con idea de que el centro comercial se abra lo más pronto posible.

Lo dejó bien claro el Ayuntamiento de Armilla, cuyo alcalde, Gerardo Sánchez, declaró el pasado 11 de octubre que el Nevada es "más necesario que nunca" porque cada vez hay más parados. Su política de presión escaló un peldaño más cuando, el 30 de octubre, consiguió que el pleno, una mezcla de autobombo y encerrona al principal grupo de la oposición, del PP, aprobara una moción que pedía dos cosas: celeridad a la Justicia para resolver el caso y un acuerdo con la Junta -que interpuso un recurso en un Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que las obras siguieran paradas- para superar ese escollo.

Pero Sánchez no está solo; tiene aliados, con una tendencia a tirar la piedra y esconder la mano que da qué pensar, por cierto. Primero fue el consejero de Vivienda de la Junta, Juan Espadas, y después el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Jesús Huertas. Éste abogó por lo que en principio parece la cuadratura del círculo: un acuerdo extrajudicial que respete escrupulosamente la legalidad. Demandó la continuidad del proyecto, pero siempre que estuviera de acuerdo la Justicia. Y para hacer todo aún más lioso, recordó que la Junta se opuso en su día a la continuidad de las obras.

Ni Espadas ni Huertas ni tampoco después la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, que se limitó a decir que se está buscando "la fórmula", supieron descifrar el enigma que ellos mismos habían creado, con lo que muchos siguen preguntándose qué es lo que quieren.

Mientras tanto, el PP brama. Pide dimisiones, anuncia que imputará a altos cargos de la Junta -adelantándose a los acontecimientos, porque su abogado aún no ha dado ese paso y no está claro que lo dé- y maneja argumentos un poco estrafalarios, como decir que en el Nevada se han perdido 54 millones de euros, algo que, teniendo en cuenta que la obra costó unos 40, se antoja complicado.

Algunos socialistas, obviamente off the record, reconocen que se han metido en un charco bien profundo. Pero a media voz, insinúan que tienen un plan. Consiste en convencer a Tomás Olivo de que se anticipe a los acontecimientos y meta la tijera en el edificio, que motu propio tire lo más molesto para ajustarse en la medida de lo posible a los estándares y que esa muestra de buenas intenciones se presente ante los jueces para intentar su visto bueno.

Parece claro que Junta y Ayuntamiento llegarían a ese acuerdo, y es posible que también Olivo accediera, teniendo en cuenta que, hoy por hoy, el proyecto no le renta ni un euro. Fuentes judiciales aseguran que, por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, no habría problema para aceptar el trato. Eso pondría fin a una parte del litigio, pero no hay que olvidar que el caso tiene otra vertiente, la penal, y es bastante más difícil que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miguel Ángel del Arco, sea igual de receptivo a esa propuesta. En realidad, lo más probable es que la rechazara.

Los partidarios de abrir, en ese caso, podrían recurrir esa negativa a la Audiencia Provincial. Si ese órgano diera el visto bueno, la obra podría reanudarse, aunque sobre ella seguiría pendiendo la espada de Damocles, porque, de atenderse a los criterios de los peritos que examinaron el caso desde todos sus ángulos, lo suyo sería proceder al derribo "total o parcial" del edificio.

Pongámonos en el que para el Ayuntamiento y el promotor sería el peor de los casos: se ordena la demolición completa del Nevada. No lo hace ya el Juzgado de Instrucción, sino la última instancia judicial a la que se pudiera recurrir. Mientras tanto habrían transcurrido años, la obra se habría acabado y el centro comercial estaría en funcionamiento. Mejor o peor. Con cuatro mil empleados o con dos mil. Con más o menos aparcamientos. Como sea, pero abierto. ¿Se ejecutaría el derribo, o se entendería que eso haría más daño aún que el ya causado?