La Audiencia de Granada, que en noviembre pasado anuló la investigación de la Guardia Civil sobre el patrimonio de los imputados del caso Nevada, tendrá que resolver ahora qué hacer con los documentos que acumuló la brigada especializada de Policía Judicial hasta que llegó la orden del tribunal de cesar en sus pesquisas. Y será la Audiencia la que decida porque todas las fuentes consultadas coindían en que las defensas de los imputados, desde Tomás Olivo -promotor del centro- hasta el ex alcalde de Armilla, recurrirá en apelación el auto del juez de Instrucción 6, Miguel Ángel del Arco, de no destruir el informe de la Guardia Civil y, como le pedió el fiscal, remitirlo al decanato para que derivase a otro juzgado la investigación sobre posibles incrementos de patrimonio de los imputados por la tramitación y ejecución del centro comercial,

Después de que la Audiencia de Granada dejara "sin efecto" la práctica de la investigación patrimonial, el instructor estima que en las resoluciones de este tribunal provincial no hay "ninguna referencia" a su anulación, ni que ésta sea una "prueba ilícita".

A juicio de Del Arco, la Audiencia dijo únicamente que era incongruente el delito que se perseguía con la investigación patrimonial y que la instrucción "no podía convertirse en un conjunto de diligencias de prospección", de ahí que dejara sin efecto su práctica, "nada parecido a una declaración de nulidad".

En un auto de veinticinco páginas, el titular del Juzgado de Instrucción 6 expone sus razones para considerar que, al acordar la investigación patrimonial, no estaba en un supuesto de prueba "ilícitamente obtenida".

Entre otros aspectos, refiere que en su día existió un procedimiento "racional, objetivo y proporcional" de adopción y resolución de esta investigación económica, pese a que "de las alegaciones que se hacen parece como si el instructor fuese un intruso".

Del Arco apostilla que "se podrá aceptar su ineficacia procesal, pero ha actuado dentro de la competencia jurisdiccional y profesional" y que no puede decirse que nos encontremos en un caso de "arbitrariedad judicial", todo ello a pesar de que parece apuntarse que él fuera "un mero ordenador de papeles".

"No se nos ocurre ninguna causa por la que se deba destruir la documentación -como pedía alguna de las defensas-. En principio sobre las actuaciones y documentación a que dé lugar la tramitación de los procedimientos judicialespesa una debe de conservación y custodia que recae sobre el secretario", sostieme Del Arco.

Para reforzar su postura explica que, cuando acordó la controvertida investigación había "serios indicios de irregularidades en el proceso de aprobación de licencias y aprobación de planes" relacionados con el Parque Nevada de Armilla y la prensa había dado noticias de los bienes de los imputados "con todo lujo de detalles".

Por otra parte, el instructor llega a afirmar en su auto que "contrasta" la actual situación administrativa de los funcionarios que informaron negativamente al Nevada con la de un imputado, en relación al ex alcalde José Antonio Morales Cara, que ha sido nombrado para un puesto directivo de la Feria de Muestras.

Entre los imputados en el caso Nevada, que investiga la presunta tramitación irregular de este centro -paralizado judicialmente- y en el que hay una decena de acusados, se encuentran el ex alcalde socialista Morales Cara, el ex concejal de Urbanismo de este municipio y el empresario Tomás Olivo, promotor del centro.