Los investigados del caso Nazarí que llevaron las riendas del Urbanismo de la ciudad durante años han pedido a la jueza que instruye esta causa de presunta corrupción municipal que reclame el Ayuntamiento de Granada la documentación pertinente para indagar sobre las licencias concedidas el año pasado (con el actual gobierno socialista al frente) al hotel ubicado en la plaza Isabel la Católica.

La exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y dos de sus altos cargos, Manuel Lorente y Emilio Martín Herrera, todos ellos investigados en el caso Nazarí, han presentado a través de su abogado un escrito en el que piden a la magistrada que haga averiguaciones sobre otros proyectos urbanísticos recientes en la ciudad que "han tenido un tratamiento similar a algunos de los expedientes investigados en el sumario".

El escrito de la exedil denuncia que el hotel tendría un problema de altura de los techos

Entre esos proyectos destaca el del hotel recién abierto en la plaza de Isabel la Católica y que ocupa el antiguo edificio acristalado, conocido como el Santander. La defensa de los anteriores responsables de Urbanismo ya apunta que este inmueble tendría "el mismo problema de altura de los techos" que se detectó en el edificio de Obispo Hurtado donde Isabel Nieto y el exalcalde José Torres Hurtado tienen su vivienda. El tratamiento que el Ayuntamiento dio a esta irregularidad en la construcción de las viviendas promovidas por los mismos dirigentes municipales es objeto de uno de los expedientes investigados en el caso Nazarí. En particular, se ha puesto en tela de juicio si la sanción que Urbanismo impuso a su entonces concejal, al alcalde y al resto de familiares y vecinos del inmueble era conforme a lo previsto en la normativa.

En el escrito que los investigados aportan ahora al Juzgado piden que éste reclame al Ayuntamiento información sobre el hotel y que informe de "si se ha abierto el correspondiente expediente sancionador", que como ellos mismos exponen es obligado por el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Este edificio de Isabel la Católica fue remodelado y adaptado para el uso hotelero y finalmente recibió del Ayuntamiento de la capital la licencia de ocupación y legalización el 10 de noviembre de 2016, fecha en la que los investigados ya no estaban al frente de la gestión urbanística y había un nuevo gobierno socialista en la capital.

Nieto, Lorente y Martín Herrera también apuntan a otra actuación urbanística reciente de la ciudad que tendría características similares a las que se están investigando en el caso Nazarí y que les afectan a ellos. Piden que el Ayuntamiento aporte la licencia de obra mayor concedida para la construcción de una residencia comunitaria privada en una parcela de equipamiento municipal ubicada en la zona del campus universitario de Cartuja. Este caso sería similar, según los tres imputados, al expediente investigado por la Policía del caso Nazarí bajo el nombre de Campus. Allí se comenzó a tramitar la autorización para que un empresario construyera una residencia privada en unos terrenos destinados a equipamiento deportivo. Se trata de los terrenos que hay junto al complejo de pádel levantado por el mismo promotor en el Campus de la Salud. No se llegó a dar licencia para ese proyecto, que fue muy contestado por la oposición municipal y luego resultó uno de los objetos de la investigación del caso Nazarí. Los imputados camparan ahora este caso con la residencia prevista en Cartuja y piden que se aporten los informes de este mismo año emitidos por Urbanismo.

No es la primera vez que la defensa común de Nieto y otros altos cargos de Urbanismo expone en sus escritos a la jueza otros casos urbanísticos de la ciudad con los que comparan lo que se está investigando. Recientemente mencionaron la licencia de ocupación concedida por ellos al residencial Ciudad de la Luz de Caserío de San Jerónimo (motivo de esta investigación judicial) con la puesta en funcionamiento del hospital del PTS que gestiona la Junta de Andalucía. En ambos casos, según su exposición, los edificios obtuvieron el permiso municipal para comenzar a funcionar sin haber terminado todas las obras de urbanización en su entorno.

El año pasado, la exconcejal de Urbanismo, también remitió al juzgado una relación con decenas de expedientes municipales en los que se habrían producido alteraciones de los planes urbanísticos o situaciones similares a las investigadas. Aunque algunos de esos asuntos se habrían dado durante su etapa de gestión, otros muchos se remontaban a muchos años atrás, incluso a la época del gobierno tripartito liderado por el PSOE.

El objetivo de todas estas comparaciones es tratar de demostrar a la jueza instructora que las formas de proceder en los expedientes urbanísticos investigados en el caso eran prácticas comunes en la ciudad desde hace muchos años.